Introducción
Los países de América Latina enfrentan la llamada crisis de los cuidados, se trata, en general, de una crisis de reproducción social producto de las transformaciones demográficas, tales como el aumento en los hogares encabezados por mujeres y de los unipersonales, el envejecimiento de la población, así como de la mayor presencia de las mujeres en los mercados de trabajo.
Aunque la situación de cada país es particular, Aguirre (2007) distingue algunas dificultades comunes para contar con políticas integrales para las familias, como las políticas de cuidado infantil, entre las cuales señala la existencia de intervenciones dispersas y sin coordinación, la diversidad de instituciones que se hacen cargo de las políticas hacia las familias, la falta de consenso en los enfoques que dirigen las políticas, que se deriva en parte de las diferencias en las concepciones sobre familia, igualdad y cuidados, así como la ausencia de diagnósticos que permitan una adecuada comprensión de la problemática.
A la luz del anterior panorama, y tomando como referencia el enfoque de análisis crítico de marcos, el objetivo de este trabajo es analizar en forma comparada los marcos interpretativos de las políticas de cuidado infantil que han desarrollado Chile, Costa Rica, Uruguay y México. El texto se estructura en cuatro apartados, el primero de los cuales introduce algunos conceptos centrales sobre el cuidado infantil y las políticas públicas. El segundo apunta la metodología del análisis crítico de marcos. El tercero examina las formas en que cada política representa el cuidado infantil como problema público, así como las soluciones que se proponen, las voces presentes en los textos y las poblaciones a quienes se dirigen las políticas. El cuarto apartado analiza en forma comparativa los marcos de las políticas de cuidado infantil a partir de sus similitudes, diferencias y congruencias. Al final se apuntan algunas conclusiones.
El cuidado infantil en la agenda pública
Como tema central de la política pública, los cuidados, entre los que se incluye el cuidado infantil, constituyen un ámbito con sus propios actores e instituciones (Aguirre, 2007). Se trata de un problema que concierne a la sociedad en su conjunto, y como organización social se constituye por receptores y prestadores. En la prestación de servicios de cuidado participan distintos actores: el Estado, las familias, el mercado y las organizaciones de la sociedad civil, según la idea del diamante del bienestar (Evens, Pilj y Ungerson, 1994, citados en Aguirre, 2007), o el término más preciso de diamante de los cuidados de Razavi (2007).
Los cuidados son actividades que comprenden la atención física y social de las personas dependientes (niñas/os, adultos mayores y personas discapacitadas), y también de las que no lo son en distintas etapas de la vida que demandan tiempo e involucran aspectos materiales y afectivos entre quien cuida y quien recibe cuidados.
Los cuidados tienen una dimensión material que implica un trabajo, otra económica que conlleva un costo (Marco, 2007, p.17), y una más afectiva y emocional, que puede ser delegada en otras personas de la familia o ajenas a ella, en forma remunerada o no dentro y fuera de la familia. Se trata, por tanto, de actividades relacionales que contribuyen a mantener y reproducir las relaciones familiares (Aguirre, 2007; Batthyány, 2010).
Por su relación con el ámbito doméstico y por ser llevado a cabo casi siempre por las mujeres, el trabajo de cuidados ha sido menos valorado, por lo que la medición de usos del tiempo ha contribuido a visibilizar y valorar la aportación del trabajo de cuidados al bienestar social (Torns, 2004). Desde una perspectiva de derechos (Pautassi, 2007) el trabajo de cuidados se considera como el derecho a ser cuidados, a cuidar o a no cuidar. Además, implica una corresponsabilidad entre el estado y la sociedad, así como entre los distintos integrantes de las familias a lo largo del ciclo de vida.
El cuidado infantil forma parte de los cuidados, que a su vez se integran en el trabajo doméstico. Es considerado como las actividades de cuidado material y afectivo, crianza y socialización dedicadas a los niños y niñas principalmente por las madres u otras mujeres. En este último caso puede ser remunerado o no remunerado (Batthyány, 2010; Esquivel, Faur y Jelin, 2012).
En general, en los países latinoamericanos las políticas dirigidas hacia las mujeres y los niños, que en particular pertenecen a familias pobres, han sido de corte familista y asistencial, de carácter limitado y subsidiario (Montaño, 2004), y con frecuencia asumen a las mujeres y a los niños dentro de la familia, dejando de lado sus intereses específicos (López, 2010).
En forma reciente, han surgido nuevas conceptualizaciones que orientan las políticas sobre el cuidado infantil, con frecuencia existe controversia sobre quiénes tienen prioridad de derechos en el cuidado infantil. Guzmán (2014) distingue varios enfoques sobre el cuidado infantil: 1) el cuidado como una actividad que contribuye a la inserción laboral de las mujeres, 2) el cuidado como una práctica que emplea a las mujeres y 3) el cuidado como un derecho de la niñez para alcanzar un desarrollo integral y cognitivo (Guzmán, 2014).
Dado el peso que el cuidado infantil tiene en la carga global de trabajo de las mujeres, y la discriminación y la desigualdad que enfrentan en los mercados laborales y otras esferas sociales, una visión alternativa es considerar el cuidado infantil como parte del problema estructural de la injusta división sexual del trabajo.
Así mismo, el marco del papel del estado como gestor de las políticas de cuidado infantil también debe ser tomado en cuenta. Un aspecto fundamental de los cuidados en general y del cuidado infantil en particular, es que para proveer a las personas de bienestar físico y emocional, se requiere de la gestión y generación de recursos para la satisfacción de sus necesidades, así como del mantenimiento cotidiano de la vida y la salud (Arriagada, 2010). Desde una perspectiva normativa de la protección social, los cuidados -el infantil en este caso - es un derecho asumido y prestado por medio de servicios que garanticen el bienestar de las y los niños, con la directa competencia del estado (Comisión Económica para América Latina, 2009, p.228).
Esta definición enfatiza el papel del estado en la provisión de bienes públicos, y supone la existencia de ciertas obligaciones entre quienes requieren ayuda y aquellos que la brindan. Para lograr este objetivo, es fundamental avanzar en el reconocimiento e inclusión positiva del cuidado infantil en las políticas públicas como vía para facilitar su inserción en la agenda pública (CEPAL, 2009, p.228).
Metodología de análisis crítico de marcos
Uno de los mayores problemas en la construcción de políticas públicas tiene que ver con la definición de cuál es el problema, dónde se localiza, quién es responsable, cuál debe ser la solución; ¿la igualdad de género, diferencia o autonomía? (Verloo, 2005, p.17). Estos son debates que provienen de la teoría feminista pero que requieren desarrollo en la formulación de las políticas públicas.
Es necesario contar con un marco de análisis crítico que permita entender las distintas interpretaciones de un problema público, como el de la igualdad, o el problema de los cuidados, estudiado en este trabajo, y de esta forma analizar el rol que la transversalidad de género juega en las distorsiones o el éxito de esta estrategia. Se asume que el significado de dichos problemas es el mismo para todos, pero no es así, por ello se requiere de conceptos que permitan dar cuenta de esta diversidad de significados. Además, las diferencias en los marcos de interpretación de un problema como el cuidado infantil están relacionadas con el contexto político y cultural, así como con las historias político-culturales y la ideología.
Los marcos interpretativos de las políticas son prismas que actúan como mecanismos de selección que modifican la naturaleza, la audiencia y el sentido de los fenómenos percibidos, para hacerlos objeto legítimo de la acción pública (Muller, 2002). Un marco interpretativo es un esquema que estructura los significados de la realidad. Verloo propone el siguiente concepto: "Un principio de organización que transforma información fragmentada o incidental en un problema estructurado y significativo de política pública, en el cual incluye en forma implícita o explícita la solución" (Verloo, 2005, p.19).
La autora explica que los marcos de política no son descripciones de la realidad, sino construcciones específicas que dan significado a la realidad, y le dan forma a la comprensión de la misma. Se trata de un enfoque construccionista donde los discursos tienen impacto material e inmaterial. El marco de política tiene que ver con la reconstrucción y negociación de la realidad política y social de los actores a través del uso de herramientas simbólicas.
Metodología ¿Cuál es el problema a representar?
Para analizar los marcos interpretativos de las políticas, Bacchi (2012) desarrolló la metodología What's the problem represented to be? El pilar de este enfoque metodológico, cuyo objetivo es el análisis comparativo de los discursos, consiste en responder a preguntas sensibilizadoras, una de las cuales tiene que ver con la definición de cuál es el problema, además de determinar otras cuestiones: ¿De quién es el problema?, ¿cuál debe ser la solución?, ¿quién es responsable de la solución? En relación al tema que nos ocupa podemos peguntarnos también: ¿Qué es similar, que es diferente en las formas de enmarcar el problema del cuidado infantil?
En resumen, a partir de elementos discursivos se propone analizar y comparar el diagnóstico del problema (¿cómo se define el problema?), el pronóstico del problema (¿cuáles son las acciones que se proponen?), así como los roles que se atribuyen a los actores y las voces presentes en los discursos (Verloo, 2005, p.17; Bustelo y Lombardo, 2006).
La metodología del análisis crítico de marcos, como ha sido empleada por el equipo que analiza las políticas de género en la Unión Europea, busca entender los marcos interpretativos de la transversalidad de género, y se basa en los discursos oficiales que se expresan en los planes y programas de los gobiernos nacionales e internacionales, así como también se consideran documentos elaborados por grupos organizados de la sociedad civil.
En este caso, se empleó la metodología de marcos porque parece útil para entender las distintas visiones del problema del cuidado infantil en los países latinoamericanos y sus implicaciones para la formulación de las políticas públicas. Para ello se tomó como base el análisis de documentos oficiales como planes, programas y políticas, además de documentos de diagnóstico y propuestas de organismos de la sociedad civil. Siguiendo a Bustelo y Lombardo (2006, p.122), se analizaron los textos con base a las preguntas guía, a partir de lo cual se lleva a cabo el análisis comparativo de los marcos interpretativos del cuidado infantil.
Los marcos interpretativos del cuidado infantil
El diagnóstico
Las políticas para atender el problema del cuidado en los países considerados tienen distintos marcos interpretativos, cuyos enfoques varían en función del énfasis en la inserción femenina en los mercados de trabajo, el desarrollo integral de los niños, o la desigual división sexual del trabajo.
En el caso de Chile, Chile Crece Contigo se inicia en 2002 y tiene continuidad en el gobierno de Michelle Bachelet en 2006, en el contexto de los procesos de democratización, y con el fin de construir un sistema nacional de protección. En 2009, se convirtió en el Subsistema de Protección Integral a la Infancia,1 en el cual se identifica como problema la relación entre la pobreza de los grupos familiares y sus efectos negativos en el desarrollo posterior de las niñas y los niños, en particular de los menores de cuatro años. Esta situación es particular de las familias que viven en la pobreza, ya que los hogares con niños de los estratos más pobres muestran alta vulnerabilidad, y se enfatiza además, la presencia predominante de los hogares pobres encabezados por mujeres (Ley Núm. 20.379, 2009). Se destaca también el marco de la insuficiente cobertura de servicios públicos y privados de cuidado infantil. Otro marco presente es el la inserción femenina en los mercados de trabajo, por lo que al parecer se asume que, una mayor tasa de participación económica está asociada al incremento en la cobertura de los servicios de cuidado infantil y salas cuna, como resultado del programa (CEPAL, 2014; Gobierno de Chile, 2014). Aunque destaca la baja participación económica femenina, no se cuestiona el tiempo que invierten las mujeres en los cuidados, ni la desigual división sexual del trabajo.
En Costa Rica, la política pública de cuidado infantil se enmarca en las necesidades de las familias en pobreza, y en los efectos que esto tiene en el desarrollo integral de niños y niñas (Grillo, León, Mora y Torres, 2010, p.15). Además, aunque existen distintas modalidades de atención2 (Guzmán, 2014), la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Red CUDI) considera como problema la escasa, insuficiente y costosa oferta de servicios de cuidado en el país, al que sólo accede seis por ciento de la población infantil pero que en los sectores pobres se incrementa a 30 por ciento (Grillo et al., 2010). Se observa, además, que los centros de Cuido se caracterizan por su estratificación y la Red los considera servicios de carácter público y mixto. Esta política también asume el marco de implicaciones que el cuidado infantil tiene para las mujeres debido a que el tiempo que dedican a estas actividades afecta su participación en los mercados de trabajo, así como el marco del papel del Estado como empresa gestora de los servicios de cuidado infantil (Guzmán, 2014, p.12).
Por su parte, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay es producto de un pacto democrático entre distintos actores sociales (partidos políticos, organismos civiles) y, a diferencia de los programas de Chile y Costa Rica, cuenta con un diagnóstico integral que sitúa la necesidad de implementar una política de cuidados en diferentes marcos. Por ejemplo, destaca la diversidad familiar y el hecho de que los hogares más pobres concentran la mitad de los niños y niñas pequeños (Junta Nacional de Cuidados, 2015). Además de este marco de pobreza, también se encuadra el problema en la crisis de los cuidados, las desigualdades de género en el reparto de responsabilidades familiares; ya que una de cada tres mujeres es cuidadora de niños, y alrededor de 75 por ciento del tiempo dedicado al trabajo no remunerado corresponde a las mujeres (Aguirre y Ferrari, 2014). También está presente el marco del incremento de la participación femenina en los mercados de trabajo y el envejecimiento de la población. El marco de la responsabilidad social del Estado para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus labores de crianza también es considerado en la política (Junta Nacional de Cuidados, 2015). Por último, el problema se enmarca en dificultades relativas a la calidad de los servicios de cuidado infantil que proveen el estado y el mercado (CEPAL, 2014; Salvador, 2011; Aguirre y Ferrari, 2014; Junta Nacional de Cuidados, 2015).3
Por su parte, México no cuenta todavía con una política integral de cuidado infantil como tal. La provisión de servicios públicos se caracteriza por un esquema diferenciado de cuidado infantil que se compone de nueve modelos,4 entre los cuales destacan por su mayor cobertura las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles (Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, 2007) que tuvo su origen en el contexto de la alternancia democrática, y que fue establecido como uno de los programas paradigmáticos de la administración de Felipe Calderón. Mientras que en el caso del IMSS prevalece el marco de facilitar la incorporación femenina al mercado de trabajo, ya que se trata de una prestación laboral, las Reglas de Operación del Programa de Estancias y Guarderías Infantiles (Secretaría de Desarrollo Social, 2015) también enmarcan como problema las dificultades de las mujeres para participar en los mercados de trabajo, ya que carecen de alternativas viables de cuidado infantil que les permitan obtener y mantener un trabajo, o dedicarse a estudiar. Así mismo, se destaca que la carencia de cuidado infantil afecta en particular a las mujeres más pobres, pues se trata de aquellas que trabajan en la informalidad o que están buscando trabajo. En el programa también se advierte el marco de la conciliación entre la vida familiar y laboral, y una visión de igualdad de género al considerar no solo a las mujeres de menores recursos como sujetos de apoyo, sino también a los padres varones que forman parte de hogares monoparentales.
Según Bacchi y Eveline (2010), los marcos de política no son fijos y evolucionan con el tiempo. Por lo tanto, en 2014, con la formulación de la Ley de Prestación de Servicios de Atención Infantil (2011) que dio lugar al Programa de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral (2014), el gobierno mexicano emite un nuevo marco de política para el cuidado infantil que destaca la diversidad familiar y se enfoca en los derechos de los niños enfatizando el cuidado que requieren los niños cuyas madres y padres trabajan, así como las condiciones en que operan los centros de atención públicos y privados, y que dio lugar a la formulación de un diag nóstico sobre el estado que guardan los centros públicos y privados (Segob, 2014). Por último, aunque se destaca un marco integral para la atención de los niños y niñas, en forma indirecta también se toman en cuenta las necesidades de madres y padres (Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 2011).
El pronóstico: objetivos explícitos de la política
Para responder al problema del desarrollo infantil, sobre todo entre las familias más pobres, Chile Crece Contigo tiene por objetivo central garantizar los Derechos de los Niños a fin de igualar sus oportunidades de desarrollo, desde su gestación hasta el primer ciclo de enseñanza básica, sin importar su origen social, género, tipo de hogar u otro factor de desigualdad. De esta forma, prioriza la atención al desarrollo integral de niños y niñas menores de cuatro años, así como la garantía de sus derechos, y además promueve la inserción laboral de las mujeres. Igualmente de ampliar la cobertura del servicio de cuidado infantil, a través de la creación de salas-cuna y la ampliación del cupo en la red de jardines para padres y madres que trabajan, y de contar con una red que articula servicios públicos y privados; la estrategia considera servicios y prestaciones sociales para los niños y sus familias, y un sistema de apoyos monetarios a través de subsidios para las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Incluso, estas familias tienen un acceso preferente a toda la red de servicios y prestaciones del estado. Su implementación está basada en la construcción de redes de protección que favorecen la participación familiar y articulan la oferta pública de bienes y servicios (Ley Núm. 20.379, 2009; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2012; CEPAL, 2014; Gobierno de Chile, 2014).
En Costa Rica, La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil se plantea la expansión de servicios de cuidado infantil con base en la creciente participación económica femenina, las tensiones entre la familia y el trabajo, y la necesidad de invertir en la infancia como forma de protección contra la pobreza y la desigualdad, y así responder a las necesidades de las familias pobres, donde además se destaca una visión orientada al desarrollo infantil. En esta política, en la cual el Estado actúa como gestor, hay un objetivo explícito orientado a la protección contra la desigualdad, ya que en armonía con la política nacional de igualdad, el programa también pretende la corresponsabilidad social de los cuidados como estrategia para redistribuir las cargas, recursos y oportunidades, y así modificar la división sexual del trabajo. Así mismo, el pronóstico considera una perspectiva interseccional y la participación de distintos actores sociales en red (CEPAL, 2014; Sojo, 2010; Guzmán, 2014).
En Uruguay el Sistema Nacional de Cuidados forma parte de la política social del Poder Ejecutivo, y como tal, la estrategia pretende impactar la redistribución del ingreso, y la equidad entre los géneros y las generaciones desde una perspectiva de derechos. Sus objetivos son: 1) socializar los costos asociados a las tareas de cuidado, y generar servicios públicos o estimular y/o regular la oferta privada, 2) valorar las tareas de cuidado y promover la corresponsabilidad entre las familias y el Estado, así como entre mujeres y hombres dentro del hogar y 3) ampliar la cobertura de los servicios de cuidado (CEPAL, 2014; Salvador, 2011). Se trata de una política basada en una concepción integral de los cuidados como derecho, a través de un modelo solidario que involucra un pacto de corresponsabilidad entre géneros y generaciones, y que además tiene un carácter universal. Así mismo, considera una nueva organización del cuidado infantil que toma en cuenta tanto a los receptores como a los prestadores, y destaca el papel del Estado como gestor, y la necesidad de socializar los costos (JNC, 2015).
En México, el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) opera en zonas urbanas, semiurbanas y rurales, y su objetivo es facilitar a madres y padres trabajadores, en situación de pobreza con niños y niñas de entre 1 y 3 años y sin acceso a servicios de cuidado infantil, el acceso y permanencia en el mercado laboral, a través del incremento en el número de espacios para el cuidado y la atención infantil. Este programa no está orientado a la promoción del desarrollo infantil, en todo caso, su fin último es combatir la pobreza a través de facilitar la participación de las mujeres a la fuerza de trabajo, y de esa manera fortalecer sus capacidades para proveer de ingresos a sus hogares y con ello aliviar la pobreza. Por su parte, el Programa Nacional de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (PNPSACDII) tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los menores a través de una Red Nacional que integre los distintos modelos de cuidado infantil existentes, la ampliación de la cobertura, y el impulso a un modelo de desarrollo comunitario, además de normar la protección civil, y las prácticas de salud, alimentación y educación de los centros de cuidado infantil (Secretaría de Salud, 2014).
Atribución de roles
En Chile, el problema del cuidado infantil es atribuido a las familias, en particular a las más pobres, que no pueden proporcionar a los niños y niñas una atención de calidad para su desarrollo integral. Por ello, la población infantil de 0 a 4 años es la beneficiaria directa de la política pública, en tanto que las madres embarazadas son beneficiarias indirectas. En Costa Rica y Uruguay la política de cuidado infantil tiene un marco más amplio que considera la responsabilidad del Estado, sin embargo, se considera que las familias son responsables de la crianza, y el Estado debe apoyarlas en esta tarea. Por ello, los beneficiarios son las niñas y niños, las madres y padres, así como las mujeres que trabajan ofertando sus servicios de cuidado. En México, el problema se atribuye a las mujeres, es por eso que la provisión pública de cuidado infantil está dirigida fundamentalmente hacia ellas como madres trabajadoras, de esta manera pueden participar en los mercados de trabajo. Los hombres son objeto de la política sólo en su calidad de solos, por lo que requieren apoyo del Estado en el cumplimiento de su rol paterno. Más recientemente, con la emergencia del marco del desarrollo integral infantil contenido en el PNPSACDII, los niños y las niñas también son considerados como población beneficiaria de la política.
Las voces y la institucionalidad
En los textos oficiales sobre la política de cuidado infantil de los países analizados se advierten las voces de las y los funcionarios públicos, algunas veces de las y los expertos en el tema, y con menor frecuencia las voces de la sociedad civil organizada. Las instituciones que participan en el diseño y la implementación de la política de cuidado infantil son diversas, a veces con carácter de ministerio, consejo asesor, junta o comité de ministros.
En cuanto a los organismos de la administración pública que participan en la política, en Chile, la administración pública ha participado en el diseño e implementación del programa Chile Crece Contigo a través de distintas instituciones. Mientras que el Consejo Asesor Presidencial diseñó el programa, el Comité de Ministros, formado por titulares de los principales ministerios, analizó la viabilidad técnica, financiera y política de la propuesta, elaboró el proyecto de ley y definió los lineamientos técnicos y políticos para implementar las reformas. Por su parte, el Parlamento aprobó las modificaciones legales y el presupuesto necesario para implementar el Sistema Chile Crece Contigo, así como también la ley de prestaciones, garantizando de esta manera la protección a la primera infancia (Ley Núm. 20.379, 2009; CEPAL, 2014).
La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (Red CUDI) de Costa Rica opera a través del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (SNPI), el cual, en contraste con el sistema chileno, articula no sólo a las instituciones que intervienen, sino también a distintos actores en los diferentes niveles de gobierno, así como a los organismos de la sociedad civil que están representados ante el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, eje central del SNPI con funciones de coordinación interinstitucional de la política. Esta política se distingue porque contempla elementos de regulación y supervisión del sistema de preescolares, y centros de Cuido, acciones que están a cargo del Ministerio de Educación Pública y del Consejo de Atención Integral, respectivamente (CEPAL, 2014).
En Uruguay, la política de cuidados está financiada a través del Sistema Nacional de Cuidados (SNC), el cual tiene entre sus funciones la coordinación y articulación de las instituciones públicas que regulan y prestan servicios de cuidados a las poblaciones objetivo. La propuesta contempla a la Junta Nacional de Cuidados como organismo rector, integrada por los principales Ministerios. Un aspecto que distingue esta propuesta en relación con las políticas de Chile y Costa Rica, es su carácter, en doble sentido, que considera la dimensión desde abajo, al considerar las necesidades concretas de comunidades pequeñas (CEPAL, 2014), ya que toma en cuenta las diferencias territoriales.
Con relación a las organizaciones de la sociedad civil y formas de diálogo con ellas, en Chile el Consejo Asesor realizó consultas con organizaciones de la sociedad civil, y se consultó a niñas/os y adultos mayores a través de un sitio de Internet. Sin embargo, las organizaciones de mujeres no fueron incluidas en estas consultas. En contraste, en Costa Rica, la sociedad civil organizada tiene representación en el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Se destaca además, que el Consejo busca la rendición de cuentas a través de la vigilancia ciudadana en los Comités Titulares de carácter mixto. La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil articula organizaciones y recursos públicos, privados y de la sociedad civil, que bajo valores, principios y reglas comunes, promueven y brindan servicios de atención y desarrollo infantil integral.
En Uruguay la política integral de cuidados, la cual incluye el cuidado infantil, se destaca por su carácter democratizador, universal y sustentable, por lo cual su proceso de construcción está basado en consensos sociales que involucran la participación de la sociedad civil y de las comunidades en las distintas fases de su desarrollo (Grupo de Trabajo Interinstitucional, 2012; CEPAL, 2014).
En México, la Secretaría de Desarrollo Social es la encargada del diseño e implementación del Programa de Estancias y Guarderías Infantiles para Madres Trabajadoras (Sedesol, 2015), en tanto que el Sistema de Prestaciones para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil está a cargo del Consejo del mismo nombre que se integra por representantes de las distintas secretarías de estado. Al parecer, en ninguno de los dos casos hubo una consulta previa a la sociedad civil, sin embargo, el programa considera la participación de organizaciones de la sociedad civil que se dedican a brindar servicios de atención infantil dentro del componente de subsidios en efectivo para la creación de guarderías, en tanto que el PPSACDII contempla la participación social a través de comités de padres (Secretaría de Salud, 2014).
Interpretando los marcos de las políticas de cuidado infantil
Los marcos del cuidado infantil en los países considerados revelan similitudes y diferencias en cuanto a las formas en que se conceptualiza el problema, las soluciones que se ofrecen, la atribución de responsabilidades y las voces que se hacen presentes en los textos examinados para cada país, según se resume en el Cuadro 1.
Cuadro 1
Marcos interpretativos de las políticas de cuidado en Chile, Costa Rica, Uruguay y México
[i] FUENTE: Elaboración propia con base en Gobierno de Chile (2014), SEDESOL (2014), CEPAL (2014), Grillo, L., Mora y Torres (2010), Guzmán (2014), GTI (2012), SEGOB (2014) y Poder Ejecutivo Federal (2014).
Existen diferentes visiones políticas asociadas a los marcos. Así, en Chile se privilegia el marco del rezago del desarrollo infantil y se representa el cuidado de los niños como un derecho infantil, y dado que se inicia la protección de este derecho desde la gestación, de manera indirecta se involucra a las mujeres en su calidad de madres.
En México, destacan el marco de la desigualdad de oportunidades de las mujeres para acceder al mercado laboral por falta de preparación y experiencia laboral, y el de los derechos de los niños a la atención y cuidado, sin embargo, al igual que en Chile, se atribuye a las mujeres la responsabilidad primaria del cuidado infantil. Sobresale así su carácter maternalista que reitera los cuidados como responsabilidad de las mujeres, aun cuando participen en la fuerza de trabajo. Tanto en México como en Chile, el marco de lograr una división del trabajo más equitativa entre mujeres y hombres está ausente.
La representación de la desigual participación de mujeres y hombres en las tareas del cuidado infantil solo se considera en Costa Rica y en Uruguay, donde el enfoque de igualdad se acompaña del enfoque de derechos. En estos países las políticas de cuidado se conciben como políticas para las familias, y tienen una visión integral que contempla diversos marcos (pobreza, desarrollo infantil, participación económica femenina, envejecimiento de la población, diversidad familiar, falta de cobertura de servicios de cuidado infantil).
En cuanto a las soluciones que se proponen en las diferentes políticas, existen diferencias en las estrategias, por ejemplo, Chile propone apoyar el desarrollo infantil de las y los niños, en tanto que en México la estrategia es apoyar a las madres trabajadoras con la provisión de servicios de cuidado, así como atender y proteger a las niñas y niños cuyos padres trabajan. Se pretende lograr un cambio en el bienestar de los niños, así como facilitar el acceso de las mujeres a los mercados de trabajo, pero no se pretende modificar la desigual división sexual del trabajo, ya que se atienden las necesidades básicas de las mujeres y/o de los niños y niñas sin plantear cambios en las responsabilidades de los varones.
La solución que formulan Costa Rica y Uruguay es modificar la división sexual del trabajo a través de la promoción de la corresponsabilidad del cuidado entre mujeres y hombres, ampliación de la cobertura de los servicios públicos de cuidado, así como la integración de las sinergias institucionales. En particular, Uruguay se caracteriza por una política de cuidado infantil con un diseño integral.
Cabe señalar que estos países articulan la política de cuidado infantil con la política de igualdad, en tanto que en México, a pesar de contar con un Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2013) que contempla la conciliación del trabajo y la vida familiar, y la corresponsabilidad entre las empresas y los trabajadores a través de servicios de guardería y licencias de paternidad, así como el reconocimiento del trabajo de cuidados, los programas de cuidado infantil en este país no tienen un claro vínculo con la política de igualdad de género.
A pesar de estas diferencias, en todos los casos las metas son de carácter cuantitativo y están dirigidas en ampliar la cobertura de los centros de atención infantil. Como los distintos países cuentan con esquemas diferenciados de cuidado infantil, una pretensión común es la creación de un sistema integral. Otro elemento común es que a pesar de que las políticas en Chile, Costa Rica y Uruguay contemplan un carácter universal, en la práctica focalizan la atención a grupos vulnerables, en tanto que en México no existe esta pretensión y la estrategia de la política es focalizar.
Por último, todas las políticas consideran una estrategia territorial en la provisión de los servicios de cuidado infantil en el territorio, en particular se destacan las diferencias urbano-rural, y Costa Rica y Uruguay toman en cuenta las diferencias geográfico-sociales, así como la intersección entre etnicidad, género y clase social.
¿De quién es el problema?
En los países analizados existe un patrón que considera el cuidado infantil como un problema de las mujeres y las familias. En particular, en el caso de Chile y México, las mujeres son definidas como madres y trabajadoras, en Chile son consideradas de manera indirecta como madres de los niños que son los beneficiarios principales de las políticas, en tanto que en México son las beneficiarias directas en su rol de madres trabajadoras. Aunque en general, los hombres no son considerados en la responsabilidad del problema, y por tanto las políticas no son dirigidas hacia ellos, en este caso la excepción son los varones solos, debido a que no tienen un cónyuge que asuma la responsabilidad primaria de los hijos, entonces deben recibir apoyo del Estado. Como señalan Bustelo y Lombardo (2006), hay una tendencia a no involucrar a los varones en la representación del problema y en la solución, obstaculizando así el ejercicio de los derechos de las mujeres y de los niños.
De esta forma, mientras que en Chile los principales beneficiarios son los niños y las niñas, en el caso de México, lo son las madres trabajadoras y los padres solos. Aunque en Chile la política pretende un carácter universal, se focaliza a grupos vulnerables, y en México se dirige en particular a poblaciones de menores recursos sin pretensiones de universalización.
En los casos de Costa Rica y Uruguay la atribución de responsabilidad se comparte entre las familias y el Estado, ya que si bien se considera que las familias están a cargo de la crianza infantil, el Estado debe apoyarlas en el cumplimiento de esta responsabilidad. En estos dos países la política se enmarca en el enfoque más amplio de la organización de los cuidados que también incluye al mercado y la sociedad. Mientras que Costa Rica considera como beneficiarios a niñas/os y mu jeres, Uruguay toma en cuenta en su política de cuidado infantil tres poblaciones distintas de beneficiarios: madres, niños y niñas, así como también a las cuidadoras remuneradas.
Correspondencia entre el marco interpretativo del problema y la solución
En el caso de Chile parece haber una adecuación entre el marco del problema que es el desarrollo integral de los niños y la solución que se orienta en apoyar el desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años que pertenecen a familias vulnerables. En México, aunque el marco dominante apunta a ampliar la cobertura pública y privada de los servicios de cuidado infantil para promover las oportunidades de las mujeres en los mercados de trabajo, y mejorar la protección, seguridad y bienestar de los niños, el fin último parece ser disminuir la pobreza.
Costa Rica y Uruguay consideran en sus marcos interpretativos la dimensión estructural del problema del cuidado infantil al enfatizar el desigual reparto de estas responsabilidades entre mujeres y hombres. La solución que plantean involucra un enfoque de derechos y ciudadanía, y de promoción de una división sexual del trabajo más equitativa. A pesar de ello, coinciden con Chile y México en el pronóstico centrado en la cobertura de los servicios de cuidado, por lo que existe cierto desfase entre el diagnóstico y el pronóstico. En ambos países, aunque se plantean cambios de tipo cultural, la estrategia destaca metas cuantitativas para la ampliación de la cobertura de los servicios públicos y privados de cuidado infantil tales como la construcción de infraestructura y equipamiento.
Las voces
En Chile, las voces de funcionarias/os y expertas/os en cuidado infantil son las que predominan, en tanto que en México se trata de los tomadores de decisiones. En el caso de Costa Rica, además de las y los funcionarios y grupos de expertos, para la conformación de la Red Nacional de Cuido se tomaron en cuenta las propuestas de la sociedad civil, sin embargo, en la ejecución de la política estos organismos, así como las comunidades, las familias y las niñas y niños no han sido considerados. Por ejemplo, se les ha dejado fuera de los procesos de rendición de cuentas, por lo cual este es un tema pendiente en el país (Bedregal, Torres y Carvallo, 2014). En el caso de Uruguay, el proceso de construcción de la política más amplia de cuidados tomó en cuenta a la población a través de foros y consultas públicas, y las organizaciones de la sociedad civil han participado en los debates y diagnósticos. Este ambiente deliberativo y de articulación de los distintos actores sociales en la formulación de políticas de cuidado infantil de carácter integral es propio de un marco que considera el problema estructural de la desigual distribución de los cuidados entre mujeres y hombres, y que promueve soluciones orientadas a modificar las bases de la desigualdad social y de género.
Conclusiones
En este trabajo se analizaron en forma comparativa los marcos interpretativos de las políticas de cuidado infantil en cuatro países de América Latina: Chile, Costa Rica, Uruguay y México. Bajo el enfoque del análisis crítico de marcos examinamos la forma en que se conceptualiza el problema del cuidado infantil, las soluciones, la atribución de responsabilidades que define a las poblaciones a las que se dirigen las políticas, así como las voces presentes y ausentes en los documentos oficiales y académicos analizados. El análisis de marcos refleja la diversidad de visiones que están asociadas a las políticas, así como las discrepancias entre las formas en que se representa el problema y las soluciones que se ofrecen.
Mientras que en Chile parece haber mayor congruencia entre el diagnóstico centrado en el desarrollo infantil y la solución que se formula; en los países como Costa Rica y Uruguay, se advierte un mayor avance en la discusión y debate del cuidado infantil como un problema público desde un enfoque de igualdad, derechos y ciudadanía, que apunta a un sistema integral y universal del cuidado infantil, solidario con los sectores más pobres, que considera las intersecciones de género, edad y etnicidad, en un marco deliberativo que involucra la participación de distintos sectores de la sociedad a través de la constitución de redes; en México el debate es todavía incipiente, aunque se muestran esfuerzos por ampliar el marco interpretativo de la participación femenina en los mercados de trabajo, al considerar el marco del desarrollo integral infantil. Sin embargo, estos enfoques son todavía limitados, por lo cual, en este país es necesario repensar las políticas de cuidado desde la perspectiva de la desigual división sexual del trabajo.
Los marcos de las políticas y sus estrategias evolucionan a través del tiempo, y en todos los países han existido estrategias públicas y/o mixtas para la provisión de servicios de cuidado infantil, por lo que a pesar de que en algunos países muestran un discurso más progresista en sus propuestas, en la práctica las soluciones son mayormente orientadas hacia la ampliación de la cobertura, la integralidad y la calidad de los servicios de cuidado infantil, por lo que el cambio cultural y la transformación de la división sexual del trabajo es todavía una tarea pendiente. Por último, con este trabajo se espera contribuir al debate y discusión sobre las políticas de cuidado infantil y las desigualdades de género en América Latina.