Chan and García: In Search of Other Borders: Guatemalan-Mexican Communities in Southern Mexico *



Introducción

Las actividades relacionadas al tráfico de drogas han experimentado un crecimiento importante, el cual afecta al Estado de derecho en la región de Latinoamérica debido a su impacto considerable en la sociedad ( Centro de Investigación para el Desarrollo A. C., 2009, p. 6 ; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2007, p. 11 ; Organización de Estados Americanos, 2008, p. 12 ). En México, se entiende por tráfico de drogas a “todas aquellas actividades que están dirigidas a la comercialización de drogas estipuladas como ilegales por la Ley General de Salud en México” ( Pérez, 2012, p. 3 )3 . Esta definición también considera al tráfico de drogas como un proceso que comienza con el cultivo u obtención de las sustancias precursoras, continúa con el procesamiento y obtención del producto final, y culmina con su venta y distribución. El concepto también considera que el tráfico suele ser llevado a cabo por diversos grupos especializados en ciertas etapas de la cadena de comercialización ( Pérez, 2012 ).

Cifras proporcionadas por Ríos y Sabet muestran que, para 2008, el tráfico de drogas representaba la quinta fuente de empleos dentro del sector industrial del país, con alrededor de 468 mil personas dedicadas a alguna actividad relacionada con el narcotráfico; la mayor parte se concentraba en labores de siembra, cultivo, producción y protección ( Ríos y Sabet, 2008, p. 10,17 ). 

Por otra parte, las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública también registran un aumento sistemático de delitos ligados al tráfico de drogas en México; de 2000 a 2006 se suscitaron entre 20 y 30 mil delitos, pero la cifra llegó a más de 80 mil casos a partir de 2007 ( Gobierno Federal, 2011 ). Un estudio realizado por Resa (2014) con datos de las estadísticas judiciales en materia penal en México indicó que el número de personas condenadas por delitos relacionados con el tráfico de drogas se duplicó en un período de diez años, pues en 2003 había 10 mil condenados y para 2012,eran más de 20 mil

Dentro de este contexto de exacerbación de las actividades de tráfico de drogas, Sonora4 es un representante notable del fenómeno, pues ha ocupado la tercera posición en el país en cuanto a delitos relacionados con el tráfico de drogas y el segundo respecto a la mayor tasa de sentenciados, ambos en un período de diez años ( Resa, 2014, p. 37 ). Por ejemplo, el municipio sonorense de Benjamín Hill, situado a 162 kilómetros de distancia al sur de la frontera con Estados Unidos, registra la mayor proporción de residentes que fueron condenados por delitos de tráfico de drogas en México (12.34 por cada 1 000 ciudadanos). A esto debe sumarse que otros seis municipios de la entidad5 ocupan los 10 primeros sitios en el ranking nacional en cuanto a la tasa de condenados por estas actividades ( Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2014 ), esto se exacerbó durante 2013 y 2014, cuando Sonora fue el segundo estado del país con más delitos relacionados con el tráfico de drogas ( Procuraduría General de la República [PGR], 2015 ).

Considerando lo anterior, el presente estudio parte de un argumento que proviene de la teoría social, la cual sugiere que distintos factores del contexto social influyen en el individuo que trasgrede la ley ( Durkheim, 1982 ; Merton, 1938 ). El objetivo central es poner a prueba algunos de esos factores contextuales que se asocian teóricamente a la participación de individuos en la trasgresión de la ley, la cual consiste en actividades de tráfico de drogas en Sonora.

Se reconoce que la colaboración en actividades ilícitas es multifactorial y no se explica solamente por factores contextuales, sin embargo, esta perspectiva teórica –que analiza el efecto del contexto sobre la acción humana– fue seleccionada como un primer paso para contribuir al estudio del fenómeno de tráfico de drogas. Para respaldar el argumento anterior se ofrece evidencia sobre qué tipo de factores contextuales influyen en la decisión de participar en el tráfico de drogas, a partir de una nueva base de datos construida con la revisión y análisis de los expedientes penitenciarios de 371 presos en Sonora que purgan condenas en el Centro de Reinserción Social 1 (Cereso 1), situado en la ciudad de Hermosillo.

Este trabajo se divide en seis partes: la primera presenta los planteamientos teóricos sobre la influencia de las condiciones sociales en la conducta transgresora de la ley; la segunda revisa la literatura previa sobre el tema; la tercera desarrolla las hipótesis derivadas de los argumentos teóricos; la cuarta describe la muestra, variables y datos; la quinta presenta y discute los hallazgos; y la sexta presenta las conclusiones principales.

La influencia del contexto en la conducta trasgresora de la ley

La conducta trasgresora de los individuos que rompen las normas, donde la estructura social tiene un efecto o influencia, se encuentra vinculada al fenómeno del tráfico de drogas. Angenent y De Man (1996, p. 2) señalan que la trasgresión a la ley se concibe, primeramente, como una expresión de conducta desviada, la cual se entiende como toda acción realizada por un individuo que se aleje de las normas o estándares convencionales y considerada indeseable e inaceptable por la sociedad donde se ubica. Vasallo Barrueta (2001, p. 3) destaca que el espectro de la conducta desviada es amplio y dentro de misma se ubican las conductas delictivas, donde el individuo despliega una actitud que trasgrede los límites legales dictados por cada sociedad. Según el autor, se observa que la amplitud de la conducta desviada aplica a toda normatividad dictada socialmente, sin embargo, la conducta delictiva como el tráfico de drogas es una acción que se caracteriza específicamente por violar la normatividad legal. La teoría social ha aportado nociones explicativas sobre el tema de la conducta transgresora, en específico la trasgresión a lo legal. A continuación se desarrollan esos planteamientos teóricos.

El concepto de anomia de Durkheim

Emile Durkheim (1998, p. 8-11) buscó explicar el peso de la sociedad en la trasgresión de las normas a través del concepto de anomia. El autor sugiere que la sociedad es un conjunto de sentimientos, ideas, creencias y valores construidos gracias a la colectividad, cuyas funciones principales son integrar a los individuos que la conforman y regular las conductas de sus miembros, a partir del establecimiento de normas. De la misma manera, el autor considera que, si la sociedad cumple debidamente dichas funciones, tanto ésta como el individuo tendrán un escenario de estabilidad con los elementos necesarios para alcanzar desarrollos individual y colectivo plenos. Por el contrario, si la estructura social no puede alcanzar la integración de sus miembros ni la regulación de sus acciones, cae en una situación de anomia, condición que deviene en consecuencias muy negativas, como el surgimiento de conductas fuera de la norma ( Durkheim, 1998 ).

El sociólogo francés también argumenta que la integración y regulación social se alcanzan mediante los vínculos que sostienen los miembros de la sociedad, quienes buscan crear una “conciencia colectiva” ( Durkheim, 1982, p. 433 ) basada en la uniformidad en las creencias y costumbres de los miembros, donde la desviación es vista como una amenaza a la sociedad y la disrupción de la norma es castigada por los miembros sociales. Aunque dicho castigo funge como una forma de control de las acciones de los individuos, Durkheim señala que la sociedad moderna ha sufrido cambios profundos en el papel de los individuos, la ciencia, la religión, la tradición y, sobre todo, en el ámbito económico, elementos que se han disociado al grado de comprometer los lazos que se establecieron tradicionalmente para organizar y vincular a los miembros de la sociedad. Esta es la condición que Durkheim (1998, p. 13) nombra como anomia, la cual debilita las formas de control con las que se somete a los individuos, pues los límites de la acción individual se vuelven ambiguos y la diferencia entre lo bueno y malo o legal e ilegal se difumina, las acciones del individuo pueden trasgredir las normas dentro de esta ambigüedad porque no tiene claro cuáles son los límites de su conducta. 

Durkheim (1982) considera que el debilitamiento de los controles impuestos por la sociedad es el elemento crucial que posibilita la trasgresión de las normas; sin embargo, esta desinhibición en el individuo no se establece sólo por la toma de conciencia de dicho debilitamiento de las normas, la trasgresión también se explica por un sentimiento de frustración y malestar sobre sus propias condiciones sociales. Por ello, las desventajas sociales de algunos miembros de la colectividad representan una línea de investigación que fue retomada posteriormente por algunos lectores de Durkheim.

La anomia social y su efecto en la incursión al delito

Robert K. Merton (1995, p. 138) expande el concepto de anomia propuesto por Durkheim y lo traslada al terreno de la trasgresión de la ley. Para el autor, la cultura moderna ha provocado una desorganización de las normas sociales en donde prevalece un desfase entre los objetivos que la sociedad considera aceptables y los medios legítimos para acceder a ellos. Considera que las variables socioeconómicas juegan un papel fundamental, pues en caso de estar comprometidas, el individuo tiende a dirigir su acción hacia modos de vida poco aceptados, tales como el delito. 

Además, el autor establece que la sociedad posee dos elementos socioculturales de gran importancia, asociada a los objetivos de vida; por una parte, aquellos elementos aspiracionales “por los que vale la pena esforzarse” y, por otra, las formas admisibles y socialmente aceptables para alcanzar dichos objetivos ( Merton, 1938, p. 673 ).

Merton (1938, p. 674) advierte que todo agente social pone en juego métodos socialmente admisibles durante el proceso para alcanzar la movilidad social, tales como el empleo, competencia leal, formación escolar y apoyo de la familia e instituciones, sin embargo, son precisamente estas estructuras sociales las que ejercen presión sobre las personas durante la búsqueda de avance socioeconómico para que eviten un postura conformista, por lo tanto, quienes se encuentran bajo esas condiciones son más propensos a presentar conductas desviadas para alcanzar sus fines.

La conducta desviada es producto de un conflicto entre las aspiraciones impuestas socioculturalmente y los medios para alcanzarlas, esa disyunción provoca que, en ciertos segmentos de la sociedad, se valoren los resultados deseados y no los medios para alcanzar el éxito que exige la misma ( Merton, 1995, p. 216 ). Esa búsqueda de éxito, independientemente de la licitud de los medios utilizados para alcanzarlo, crea condiciones para que los procesos ilegítimos se conviertan en formas de obtención de recursos, de esa manera, la conducta desviada sustituye a los medios legítimos para cumplir metas.

Frente a la presión de la sociedad para tener éxito, además de los diversos obstáculos que enfrentan los individuos para obtenerlo, Merton (1995) considera que las expresiones desviadas que tienden a trasgredir las leyes son producto de un proceso de marginación social, en donde las instituciones públicas y sociales han abandonado a los grupos más vulnerables, hecho que se compagina con la incapacidad del individuo trasgresor para alcanzar las metas que exigen la sociedad y sus instituciones. El conjunto de condiciones de marginación y adversidad por las que atraviesa una persona son reflejo de una situación de anomia social, en donde el delito constituye una alternativa para obtener el éxito demandado por la sociedad que no consiguió de manera legítima. En ese sentido, la participación en el tráfico de drogas puede entenderse como el resultado de que al sujeto le resulte imposible obtener los recursos exigidos por su contexto social, esta dificultad se asocia con un deterioro de las condiciones sociales en donde se desenvuelve y, por lo tanto, el tráfico de drogas representa un medio para superar su situación precaria. Factores como la falta de accesibilidad a un nivel educativo avanzado, la falta de opciones laborales suficientemente remuneradas, problemas en las relaciones familiares e inestabilidad residencial, entre otros, forman parte del contexto y son incentivos para que acciones como el delito sean consideradas un medio para superar la anomia social. 

La teoría del control social del delito

La teoría de Travis Hirschi es una postura que permite explicar la delincuencia, así como la función de la sociedad en la conducta trasgresora. Hirschi (2003, p. 11) coincide con lo argumentado por Durkheim y Merton en virtud de que, en la expresión de la conducta delictiva, existe un rompimiento entre el individuo ejecutor y la sociedad en donde se desenvuelve. El concepto de anomia de Merton encuentra eco en lo que propone Hirschi gracias a que la violación de las normas sociales implica un modo de actuar opuesto a los deseos y expectativas que la sociedad espera de sus miembros. Si un individuo se considera excluido de estas expectativas sociales, tampoco se someterá a sus normas, lo que le motivará a desviarse de las mismas.

Hirschi explica la acción de aquellos elementos sociales que inhiben la trasgresión de la ley, pero no los factores que participan para que se presente la misma. Cualquier miembro de la sociedad puede tener la libertad o tentación de delinquir, el autor incluso considera que la trasgresión de las leyes es normal, propia de todas las culturas y sociedades. Sin embargo, así como existe la libertad para romper con las normas legales, también hay elementos sociales que buscan imponerse para evitar que el individuo recurra a delinquir. En ese sentido, Hirschi le da un giro a la perspectiva de abordaje en la trasgresión de la ley, pues centra su análisis sobre los elementos que inhiben el delito, más que sobre los factores que lo facilitan.

Entre los elementos sociales que, según Hirschi, se encargan de inhibir la conducta delictiva, destacan las relaciones sociales; cuando los vínculos entre los individuos son fuertes, se fomenta en ellos una mayor conformidad con los elementos que provee el sistema social y la posibilidad de agredir mediante el delito disminuye. Por otra parte, la estructura de oportunidades implica que aquellos miembros de la sociedad que pueden satisfacer sus necesidades con medios legítimos serán quienes tengan mayores ventajas; en cuanto a la implicación, Hirschi considera que aquellas personas que estén fuertemente involucradas en actividades legales se inhiben para transgredir las normas. Por último, las creencias de las normas sociales juegan un papel fundamental para inhibir la delincuencia, pues aquel individuo que se adhiera y genere respeto hacia los sistemas de valores morales de la estructura social disminuirá su posibilidad de tomar al acto delictivo como curso de acción. Al definir los elementos sociales que controlan la delincuencia, Hirschi sugiere que el alejamiento del sujeto de las estructuras convencionales se traduce en la inconformidad con su sistema social y el desarrollo de un sentimiento de frustración. En este estado, se dificulta la inhibición de cualquier conducta delictiva.

En resumen, mientras que Durkheim y Merton consideran que la trasgresión de la ley deviene de la imposibilidad de la estructura social para proveerle al individuo las condiciones precisas para satisfacer sus necesidades, la teoría de Hirschi sobre el control social de la delincuencia sugiere que, en tanto el individuo se mantenga alejado de las estructuras y los modos de acción convencionales, se dificulta la inhibición de la conducta delictiva y se posibilita la trasgresión de la ley. La noción de control social del delito descrita por el autor aporta la idea de que, cuando las interacciones del individuo se mantienen alejadas de estructuras sociales –como la familia, los medios laborales o la escuela–, aumenta la probabilidad de trasgresión, pues estas son instituciones dirigidas a controlar el comportamiento del individuo. En ese sentido, las preguntas centrales de este trabajo son: ¿Qué factores del deterioro social se asocian con la participación en actividades de tráfico de drogas? y ¿qué componentes de la trayectoria de vida de los individuos se asocian a la participación en actividades de tráfico de drogas?

Trabajos previos sobre participación en el tráfico de drogas

Los trabajos sobre la conducta transgresora muestran una relación importante entre los aspectos contextuales y las conductas delictivas en donde se enmarcan los delitos de drogas. Valenzuela y Larroulet (2010) abordan el fenómeno desde la psicología y destacan la fuerte relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos. Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa y Valencia (2009) exploran las condiciones familiares y económicas del sujeto e identifican algunas condiciones de vida de adolescentes acusados de cometer delitos contra la salud y robo; en su trabajo, encontraron que la mayoría de la muestra de su estudio vive con ambos padres y uno de cada tres jóvenes tuvo experiencia laboral, por lo que discuten la hipótesis del deterioro familiar y económico como precursor del delito. Por otra parte, Reyes Santos (2012) concluye que la falta de interés por los estudios implica un alejamiento cada vez más prematuro de las aulas, lo cual aumenta la probabilidad de intercambiarlos por las actividades delictivas.

El contexto socioeconómico ha sido valorado como un factor con un efecto crucial en la inserción de los individuos en actividades delictivas, en ese sentido, Coubès y Silva (2012) destacan el deterioro de las condiciones de trabajo de los individuos y, por otro lado, Boville Luca de Tena (2000) desarrolla la idea de que el tráfico de drogas está ligado a contextos económicos de pobreza extrema, por ello la actividad representa una opción importante para subsanar las necesidades económicas de las comunidades.

Por otra parte, el núcleo familiar es un factor clave en la decisión de un individuo de optar o no por el delito como modo de acción. Bajo esa idea, López Estrada (2012) confirma la hipótesis de que las relaciones anómalas, de distanciamiento o abandono entre padre e hijos derivan en una mayor exposición a conductas violentas y contribuyen a que los jóvenes respondan por medio de acciones delictivas. En cuanto a las conjeturas sobre el efecto del escenario habitacional en dichas acciones, existen trabajos como los de López Estrada (2012) y González Ramírez (2012) , en donde sugieren que la alta demanda de espacio y servicios públicos son escenarios de descontento social, expresado en forma de conflictos y violencia entre los habitantes. Además, hay espacios en donde las actividades legales son precursoras de las ilegales (casinos, bares, salones de baile, prostitución, etc.), es decir, prevalecen zonas habitacionales que incentivan actividades asociadas a la delincuencia.

También existen esfuerzos investigativos por aislar y estudiar el efecto que tienen elementos mediáticos diversos sobre la posibilidad de considerar al tráfico de drogas como opción de vida. Por un lado, se estudia la evolución del tráfico de drogas como fenómeno sociocultural, donde el traficante es reconocido y aceptado como una entidad objetiva, altamente difundida en la sociedad y considerada como una ocupación laboral formal en algunos sectores ( Ovalle, 2010, p. 93 ). Así mismo, Campbell (2007, p. 51) expone que, debido a la difusión de la economía de las drogas, el intercambio cultural en la frontera entre México y Estados Unidos, y el estigma que existe sobre el traficante de sustancias ilegales, esa figura ha pasado a formar parte de la vida cotidiana gradualmente. La presencia del tráfico de drogas ha logrado reflejarse en el estilo de vida de las personas, su ropa, joyería, carros de lujo e, incluso, el diseño de sus hogares. El mismo autor señala que también debe tomarse en cuenta que el fenómeno está ligado a la percepción de la gente en situación de pobreza, en donde el tráfico de drogas representa una forma de sobreponerse a las carencias.

Arredondo (2012) estudia los orígenes de las personas relacionadas con estas actividades y destaca que las limitaciones del contexto pueden influir en las aspiraciones de un individuo. Santamaría (2012, p. 7) , por otra parte, considera las diferencias de género y señala que, en el caso de las mujeres, el motivo de ingreso al tráfico de drogas no es simplemente un anhelo de poder, sino su condición social crítica como madres solteras que laboran en el sector de servicios. El autor agrega que estas mujeres nacieron dentro de una red familiar o de amistades relacionadas con el narcotráfico y vislumbran en el mismo una oportunidad para salir de su condición social limitada. 

Hipótesis

Para formular las hipótesis sobre factores contextuales y participación en el tráfico de drogas, se tomaron en cuenta las perspectivas argumentativas descritas en el primer apartado, retomando la idea de que el deterioro de las condiciones sociales y el debilitamiento en las formas de control del delito provocan que los individuos rompan las reglas a las que estaban sometidos tradicionalmente –anomia–, inclinándose hacia modos de vida que transgreden las normas y participando en actividades de tráfico de drogas.

Se proponen dos hipótesis:

H1:

Cuando el deterioro social se evidencia a través de un contexto en donde el individuo no encuentra condiciones para integrarse y vincularse socialmenteen la estructura social, se incrementa la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas.

H2:

Cuando existe poco control social del delito, reflejado en la trayectoria de vida de un  individuo que se aleja de las normas sociales y forma parte de un contexto facilitador de criminalidad,se incrementa la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas.

Metodología, muestra y variables

La fuente de información son 371 expedientes de individuos internos en el Cereso 1 de Hermosillo, Sonora, a través de los cuales se construyó una nueva base de datos. La variable dependiente para todos los modelos fue la participación en el tráfico de drogas. Sin embargo, se utilizaron submuestras en los modelos en donde se prueba la primera hipótesis de acuerdo a cuatro variables de selección que contextualizan situaciones de agravamiento social: condición de pobreza, rezago educativo, habitar una zona urbana y criminalidad en el lugar de residencia. Los tamaños de la muestras se incluyen en cada modelo.

Para probar la relación de las variables independientes con la participación en el tráfico de drogas, se utilizaron modelos logísticos con el método tipo backward, a través del paquete estadístico SPSS, en su versión 18. Dicho método es de eliminación progresiva; se excluyen variables secuencialmente y se parte de un modelo saturado –con el total– de las variables que se consideran participantes en la explicación de la dependiente y se eliminan progresivamente las predictoras menos significantes al modelo, en búsqueda de un mejor ajuste ( Jovell, 1995, p. 65 ). Las características de la muestra total se resumen en el cuadro 1.

Cuadro 1.

Características de la muestra total  (N=371)

Descriptor Porcentaje de la población analizada
Sexo Hombres: 89.9; mujeres: 10.1
Edad Entre 20 y 35 años de edad: 50.6
Tipo de delito contra la salud Posesión simple: 28.8; trasporte: 21.6; narcomenudeo: 19.1; posesión con fines de comercio: 17.5; comercio: 1.1; fomento: 1.1; suministro: 0.8; producción/preparación: 0.8
Sustancia manejada en el delito Metanfetamina: 43.1; marihuana: 42.3; heroína: 4.9; cocaína: 2.7; medicamentos/psicotrópicos: 4; no aplica: 2.2; sin dato: 0.5
Años de sentencia 1 año o menor: 40.2; 1 a 3 años: 5.1; 3 a 5 años: 17.3; 5 a 7 años: 3.5; 8 a 10 años: 32.6; 10 años o más: 1.3
Nacimiento Sonora: 71.7; otros estados: 28.3
Residencia Sonora: 81.7; otros estados: 18.3
Nivel escolar No escolarizado: 3; primaria trunca: 9.2; primaria completa: 15.9; secundaria trunca: 12.9; secundaria completa: 39.9; preparatoria trunca: 8.4; preparatoria completa: 7.5; nivel superior: 3.2
Ocupación Construcción: 29.4; jornalero: 22.4; trasportistas: 7.3; mecánicos: 7; desempleado: 7; comercio: 6.5; empleado general: 5.7; agropecuario: 3.2; operador industrial: 3; ama de casa: 2.4; sector servicios: 2.2; domésticos: 1.6; ambulantes: 0.5; funcionarios públicos: 0.5; técnicos: 0.5; trabajadores de la educación: 0.3; profesionistas: 0.3
Sueldo mensual 5 000 pesos o menos: 20.8; de 5 001 a 10 000 pesos: 8.1;  de 10 001 a 15 000 pesos: 2.7; 15,001 pesos o más: 1.3; sueldo no fijo: 28; sin dato: 29.4
Tipo de zona Urbana: 76.5; semiurbana: 7.5; rural: 15.6; sin dato: 0.3
Criminalidad en la zona Sí: 33.2; no: 46.6; sin dato: 20.2
Familia funcional Sí: 96.3; no: 3.7
Familia integrada Sí: 50.9; no: 49.1
Antecedentes de consumo de drogas Sí: 64.7; no: 29.1; sin dato: 6.2
Antecedentes penales Sí: 56.9; no: 43.1

Fuente: Elaboración propia.

Los cuadros 2 y muestran el conjunto de variables utilizadas en el estudio. Se proponen definiciones de cada una de ellas a partir de fuentes específicas,entre las que se incluye el Código Penal Federal, dependencias de gobierno relacionadas con el sistema penitenciario ydiversos estudios académicos.

Cuadro 2.

Definición de la variable dependiente utilizada en el estudio

Participación en actividades de tráfico de drogas Se trata de aquella persona que, produce, transporta, trafica, comercia, suministra aun gratuitamente o prescribe alguna droga ilegal sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud. Aquella persona que introduce o extrae del país alguno de los narcóticos comprendidos en la Ley General de Salud, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito y también aquella persona que aporta recursos económicos o de cualquier especie, o colabora de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos contra la salud ya mencionados.

Cuadro 3.

Definición de las variables independientes utilizadas en el estudio

Residencia en Sonora1 Aquellas personas que, al momento del ingreso a actividades de tráfico, tenían residiendo en el estado un período igual o mayor a 12 meses.
Familia no funcional1 Aquellos casos en cuya familia de origen los roles de padres e hijos no están bien definidos,  la organización jerárquica no es clara, no hay compartimiento de la autoridad de padre y madre; los límites de comportamiento son difusos, no se cumplen ni se defienden; la comunicación no es clara ni directa; el control de la conducta es inflexible; no hay participación en favor de la resolución de conflictos internos.
Familia desintegrada1 Aquellos casos en cuya familia de origen existe la ausencia permanente de alguno de sus miembros, ya sea por muerte, abandono del hogar o distanciamiento absoluto del núcleo familiar.
Violencia intrafamiliar1 Aquellos casos en cuya familia de origen fueron detectados eventos de violencia física; violencia verbal (gritos, ofensas, humillaciones), o negligente (omisiones, descuidos, abandonos).
Familia secundaria Aquellos casos en los que la persona ha formado una familia por su cuenta.
Zona urbana2 Espacio físico construido con diversas edificaciones (vivienda, fábricas, edificios, bodegas) e infraestructura de servicios (drenaje, tuberías de agua, tendidos eléctricos) habitado por poblaciones mayores a 2 500 personas.
Criminalidad en la zona de residencia1 Aquellos casos en cuyo barrio, colonia o localidad hubo presencia de pandillas, prostíbulos, cantinas o se percibe venta de armas o drogas.
Rezago educativo3 Condición de atraso en la que se encuentran las personas que no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico, es decir, los estudios de nivel secundaria en México
Empleo informal4 Incluye a los trabajadores por su cuenta, en empresas informales, trabajadores casuales sin empleo fijo, trabajadores domésticos remunerados, trabajadores de tiempo parcial, no registrados y empleadores de empresas informales.
Condición pobreza extrema5 Aquellos individuos en cuyo hogar de origen había ingresos mensuales iguales o menores a 3 355 pesos.
Antecedentes penales1 Aquellas personas que tenían un registro de proceso, sentencia dictada o encarcelamiento por algún delito previo al momento de ser recluidos por delitos contra la salud.
Antecedentes de consumo de drogas Aquellos casos que muestran algún antecedente de uso de cualquier droga ilegal.
Edad de riesgo6 Aquellas personas que tenían entre 20 y 30 años de edad al momento de ser recluidos por delitos contra la salud.

Factores asociados a la participación en actividades de tráfico de drogas

En esta sección de resultados se expone el análisis multivariado para cada una de las hipótesis planteadas. El cuadro 4 muestra los modelos y variables de acuerdo a la primera hipótesis, que refiere la relación entre deterioro social y participación en actividades de tráfico de drogas. En cada modelo se anotaron todas las variables independientes propuestas en el estudio, sin embargo, solamente se resaltan aquellas asociadas con la participación en el tráfico de drogas, utilizando el método backward.

Cuadro 4.

H1, deterioro social y participación en tráfico de drogas

Dependiente:TrafDrog (participación en tráfico de drogas)
1= Participación
0= No participación
  Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4
(CondPobr) (RezagoEdu) (ZonUrb) (CrimZona)
Independientes B (ExpB) B (ExpB) B (ExpB) B (ExpB)
Constante -1.15 (0.314)** -1.12 (0.324)** -1.24(0.287)** -0.785 (0.456)*
         
ResSon(residir en Sonora) N/A 1.07 (2.94)* 1.91 (6.78)** 2.01 (7.47)*
FamNoFun(familia no funcional) N/A N/A N/A N/A
FamDesi(familia desintegrada) 0.947 (2.57)* N/A N/A N/A
ViolFam (violencia intrafamilia) 2.42 (11.28)** N/A N/A N/A
FamSec (familia secundaria) N/A 0.993 (2.69)** N/A N/A
ZonUrb (habitar en zona urbana) N/A N/A N/A N/A
CrimZona(criminalidad en zona) N/A N/A N/A N/A
RezagoEdu (rezago educativo) N/A N/A N/A N/A
InfEmpleo (empleo informal) N/A N/A N/A N/A
CondPobr (condición pobreza) N/A N/A 1.08 (2.95)** 1.58 (4.88)*
AntePenal (antecedente penal) N/A N/A 1.66 (5.27)** N/A
ConsuDrog (consumo drogas) 2.58 (13.22)** 1.34 (3.83)** 1.63 (5.14)** 2.22 (9.22)*
EdadRiesgo (21 a 30 años) N/A N/A N/A N/A
N 74 184 124 48
R2 Cox/Snell 0.219 0.178 0.33 0.254
R2 Nagelkerke 0.368 0.238 0.44 0.339

Fuente: Elaboración propia.

* Significativo a 0.05.

** Significativo a 0.01. 

El modelo 1 ilustra la relación de las variables dependientes sobre la participación en actividades de tráfico de drogas y se utiliza como variable de selección la condición de pobreza, considerada elemento de deterioro social. Los hallazgos muestran una fuerte asociación en tres de las variables independientes puestas a prueba, la primera indica que la desintegración familiar se asocia con la participación en actividades de tráfico de drogas cuando hay condiciones de pobreza. El esclarecimiento de esta relación señala que las múltiples trasformaciones y conflictos en la estructura familiar tienen un efecto significativo sobre llevar a cabo modos de acción trasgresores de la ley; la desintegración familiar provoca reconfiguraciones dentro del núcleo, muchas veces acompañadas de condiciones que influyen para optar por el delito como forma de vida ( López Estrada, 2012 ).

La segunda variable que muestra una fuerte asociación con las actividades de tráfico de drogas, en un contexto de pobreza, es la violencia intrafamiliar. Esta asociación puede discutirse ampliamente debido a que el mecanismo que explica esta relación no es claro, sin embargo, la literatura refiere que la violencia intrafamiliar origina una serie de daños en la personalidad de los individuos, concretamente cuando se trata de “maltrato infantil”, como señalan Giddens y Sutton (2013) : “los estudios sobre prostitutas, delincuentes juveniles, adolescentes huidos de sus hogares y drogadictos demuestran que una elevada proporción de ellos tiene detrás una historia de abusos en la infancia” (p. 217). López Estrada (2012) sugiere que los núcleos familiares compuestos por miembros no familiares aumentan la probabilidad de fricción en las relaciones de los mismos; situación que, en condiciones de presión económica dictadas por la pobreza de esta porción de la muestra, exacerban tensiones interpersonales, mismas que derivan en episodios de violencia intrafamiliar.

Por otra parte, también se descubrió una relación estrecha entre consumo de drogas y participación en actividades relacionadas a su tráfico cuando existen condiciones de pobreza. Incluso, esta variable es positiva y significativa en cada uno de los cuatro modelos en donde se pone a prueba la hipótesis en cuestión. Según el Instituto Nacional sobre Abusos de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés, 2008, p. 1) , la adicción o el consumo de drogas frecuente afecta directamente al cerebro y la conducta. Grossman y Murphy (1991) sugieren que el consumo de drogas crea una necesidad por la sustancia en el sujeto, así como apremio económico por su obtención. Esta condición motiva al individuo a unirse a las actividades relacionadas al tráfico de drogas, pues considera que sirve como un medio para abastecerse individualmente y garantizar su consumo. 

En el modelo 2, la variable de selección utilizada se refiere al rezago educativo de los individuos como condición de deterioro social. Tres variables independientes tienen una fuerte asociación con la participación en actividades de tráfico de drogas en estas condiciones, la primera es residencia en Sonora, que se convierte en un dato importante de este estudio debido a que vivir en el estado y contar con rezago educativo se relacionan de manera estrecha con la participación en actividades de tráfico de drogas. Este hallazgo contradice algunas posiciones del gobierno sonorense, especialmente durante el sexenio 2009-2015, cuando señalaba a “Sonora como el estado fronterizo más seguro de México” ( SDP noticias, 2013 ; Uniradio informa, 2011 ; Uno TV, 2014 ). Además, el rezago educativo ha sido un tema público que pocas veces se pone a discusión en la entidad. 

El resultado de este modelo coincide con los datos mostrados por Resa (2014) , en donde ilustra que la entidad representa uno de los escenarios de mayor reproducción de la actividad de tráfico de drogas en el país, ubicándose entre los tres estados con más delitos en los últimos 15 años, además, seis de sus municipios se encuentran en los primeros diez lugares con mayor densidad de condenados por delitos asociados al tráfico de drogas a nivel nacional. La asociación de la variable residencia en Sonora con la participación en actividades de tráfico de drogas también se explica por el contexto facilitador de la franja fronteriza del norte de México, entre los que se incluyen complejos flujos migratorios ( González, 2012, p. 112 ), la lucha por los puestos de trabajo ( Coubès y Silva, 2012, p. 294 ), la demanda habitacional, los diseños urbanos conflictivos ( Zavala Mora, 2012, p. 81 ) y una mayor difusión de los componentes culturales que acompañan al narcotráfico ( Astorga, 1995, p. 37 ; Campbell, 2007, p. 48 ; Sánchez, 2009, p. 79 ). 

Por otra parte, el modelo 2 también muestra la relación entre la variable familia secundaria y la participación en actividades de tráfico de drogas en un escenario en donde la persona tiene rezago educativo. Aunque el mecanismo que explica esta relación es controversial, González (2012) señala que el individuo aumenta su vulnerabilidad y se precipita en la búsqueda de recursos ante su rol de proveedor familiar, esta condición, sumada a la desventaja de la falta de nivel educativo suficiente para encontrar un empleo mejor remunerado, se mezcla con un escenario donde la obtención de recursos básicos es cada vez más difícil, y es así como los medios transgresores surgen como una forma para alcanzar la provisión para la familia. 

En el modelo 3, que toma como variable de selección el habitar en zona urbana, muestra la relación positiva y significativa en cuatro variables independientes, las denominadas residencia en Sonora y consumo de drogas ya han sido analizadas en los modelos anteriores y, de nuevo, en este modelo se descubrió asociación entre ellas. Las otras dos variables independientes que muestran una relación positiva y significativa con la participación en actividades de tráfico de drogas, cuando se habita en una zona urbana, son contar con antecedentes penales y vivir en situación de pobreza. En ese sentido, el hallazgo muestra que un segmento de individuos que participan en actividades de tráfico de drogas viven en zonas urbanas, pero en situaciones precarias y con trayectorias de vida caracterizadas por haber ingresado a centros de readaptación social.

En este caso, la explicación de la asociación entre participación en actividades de tráfico de drogas y antecedentes penales cuando se habita una zona urbana encuentra sustento en Foucault (1992) , con la hipótesis que advierte que la prisión ha estado ligada a un proyecto de transformación de los individuos: “Se tiene la costumbre de creer que la prisión era una especie de depósito de criminales, depósito cuyos inconvenientes se habrían manifestado con el uso de tal forma que se diría era necesario reformar las prisiones, hacer de ellas un instrumento de transformación de los individuos. Esto no es cierto […] el fracaso ha sido inmediato” ( Foucault , 1992, pp. 97- 98 ).

Otros trabajos que abordan el sistema penitenciario mexicano ( Azaola y Bergman, 2003, p. 20 ; Bringas y Roldán, 1998, p. 17 ; México Evalúa, 2013, p. 49 ) destacan la posición de deterioro social a la que se expone el exconvicto que vuelve a la libertad y compromete su trayectoria de vida. El primer reto del individuo reinserto es reestablecer las relaciones sociales significativas previas al ingreso a prisión, en las cuales está obligado a superar el detrimento económico que supuso su reclusión. También se reconoce que el estigma moral que acompaña al antecedente penal supone una dificultad para la reinserción laboral, la cual agrava el deterioro social del sujeto. Estas condiciones influyen en la búsqueda de medidas emergentes de obtención de recursos y el narcotráfico emerge como el camino a seguir en la mayoría de los casos.

Por otra parte, el tema de la residencia en zona urbana puede resultar un incentivo para la criminalidad que, lejos de suponer un factor que posibilite el acceso a mayores condiciones de calidad de vida –como sucede en las comunidades rurales–, el contexto urbano implica un deterioro que aumenta la probabilidad de participación en actividades de narcotráfico. Zavala Mora (2012) y Moreno (2017) señalan que existe una prevalencia alta de conflictos sociales que derivan en delitos en las comunidades urbanas debido a la gran demanda de recursos y servicios, así como los diseños conflictivos de su trazado y con ello se incentiva la marginación y prevalece monitoreo escaso por parte de las autoridades.

La relación entre la variable situación de pobreza y la participación en actividades de tráfico de drogas se presenta cuando existen condiciones económicas deterioradas y poca capacidad para sufragar necesidades básicas. En este caso, las actividades de narcotráfico representan una atención importante a las carencias económicas que tienen los individuos ( Boville Luca de Tena, 2000, p. 110 ; Campbell, 2007, p. 51 ). Boville Luca de Tena (2000, p. 133) señala que el tráfico de drogas se convierte en una opción viable porque está inmerso en un sistema económico donde los recursos legales cohabitan con los ilegales y éstos pueden estar dirigidos a la realización de actividades legales, que más tarde se confirman como acciones de lavado de dinero.

Por último, el modelo considera como variable de selección vivir en zona con alta criminalidad y también como parte del contexto de deterioro social. Se descubrió una relación positiva y significativa entre participación en actividades de tráfico de drogas y las variables residencia en Sonora, vivir en condición de pobreza y consumo de drogas; se trata de las mismas variables que presentaron asociaciones altas y significativas en los modelos anteriores. Aunque el mecanismo por el que se configura esta relación es complejo, Arteaga y Fuentes (2009, p. 175) explican que la formación de enclaves que probabilizan el delito es el resultado de una serie de acciones que tomó el Estado mexicano para proteger a la población. Según los autores, dichas acciones están más ligadas a una crisis de la seguridad pública como derecho social y a un deterioro en su capacidad por proveer certidumbre en el control de la delincuencia. En este proceso, el Estado ha cedido a la industria de la seguridad privada el monitoreo de porciones importantes de los centros urbanos, a la vez que está más imposibilitado para acceder a las zonas más marginadas, exacerbando el conflicto y creando un comportamiento delictivo diferencial entre distintas zonas de las urbanizaciones.

Por otra parte, el cuadro 5 presenta los resultados del modelo estimado para verificar la segunda hipótesis del trabajo, la cual señala que el control social del delito escaso se refleja en la trayectoria de vida de un individuo e influye en la participación en actividades de tráfico de drogas.

Cuadro 5.

H2: Control social del delito escaso (trayectoria de vida) y participación en el tráfico de drogas

Variable dependiente: TrafDrog (participación en tráfico de drogas)
1= Participación
0= No participación
  Modelo 5
Variables independientes B Exp (B)
Constante -1.39 0.249**
ResSon (residencia en Sonora) 1.37 3.95**
AntePenal (antecedentes penales) 1.37 3.96**
ConsuDrog (consumo de drogas) 1.03 2.82**
EdadRiesgo (entre 21 y 30 años) 0.607 1.83*
Núm. de observaciones 210  
R2 Cox/Snell 0.275
R2 Nagelkerke 0.368

Fuente: Elaboración propia.

* Significativo a 0.05.

** Significativo a 0.01.

Se utilizó el mismo modelo logístico y se pusieron a prueba las variables independientes con el método backward. Como no se considera ninguna variable de selección, la asociación entre las variables dependientes y la participación en actividades de tráfico de drogas es estimada.

El primer resultado indica, de nueva cuenta, que residir en Sonora forma parte de un contexto que brinda oportunidades para participar en el tráfico de drogas. Tomando en cuenta los argumentos que se anotaron en el análisis del modelo anterior respecto a la variable residir en Sonora, existen otro tipo de problemas y retos que constituyen en factores de riesgo, los cuales, incluso, han sido visualizados por las autoridades a través de las políticas públicas implementadas, tales como la Cruzada por la seguridad (2009-2015) y, actualmente, el programa Escudo ciudadano (2015-2021). En estas políticas se advierte un alejamiento del individuo de las normas sociales que conlleva a un bajo control social del delito.

Lo anterior se relaciona a las siguientes dos variables, que también presentan una asociación estrecha con la participación en actividades de narcotráfico: antecedentes penales y consumo de drogas. Como ya se ha señalado, el escaso control social del delito se relaciona con la trayectoria de vida del individuo y provoca antecedentes negativos en la misma. Con la asociación de estas variables, la dimensión implicaciones, expuesta por Hirschi, cobra sentido gracias a que los antecedentes penales y consumo de droga retratan la ausencia de actividades lícitas, tales como el deporte, estudio o trabajo, por lo tanto, las acciones de los individuos derivan en actividades ilícitas que quedan registradas en su trayectoria de vida.

Alguna literatura señala ( Becker, 1968 ; Cardona, 2004 ) que existe un proceso estratégico previo al ingreso a la actividad ilegal, donde el individuo calcula la factibilidad de este modo de vida sobre otros legales; además, existe un conjunto de opiniones que considera al tráfico de drogas una opción redituable, por encima de otras dentro del marco legal ( Ovalle, 2010 ). Lo anterior se relaciona con la idea de que se observa un conocimiento sobre las condiciones de negligencia en la impartición de justicia en la trayectoria de los sujetos, desvalorando, en la mayoría de los casos, las implicaciones de llevar a cabo actividades ilícitas como el tráfico de drogas ( Astorga, 2015 ; Barrón Cruz, 2015 ; Valdés, 2013 ).

Por último, una nueva variable asociada con la participación en actividades de tráfico de drogas se refiere a la edad de riesgo. Para este estudio, se propuso el rango etario de 21 a 30 años, según el análisis de los expedientes de presos. Este hallazgo concuerda con los datos aportados por Resa (2014, p. 4) , quien encontró que, del total de condenados por delitos de drogas en México entre 2003 y 2012 (n=144 787), 45 por ciento (n= 65,007) tenía entre 18 y 30 años, por lo que este grupo se encuentra en situación de riesgo. Por su parte, Giddens y Sutton (2013) señalan que la juventud está conformada por aquellas personas entre 18 y 30 años con vidas relativamente independientes. En ese sentido, uno de los argumentos que sustentan la relación entre edad joven y participación en el tráfico de drogas proviene de “la idea extendida de que la mayoría de los delitos juveniles tienen que ver con drogas” ( Gómez Rodríguez, 2013, p. 43 ).

Los estudios sobre delincuencia juvenil no son sencillos y los que se han elaborado sobre el tema requieren ampliarse o contrastar resultados. En México, el tema es una agenda de investigación que requiere nuevos hallazgos. De esta forma, en este estudio se muestra que, efectivamente, la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas se incrementa cuando el individuo se encuentra en ese rango de edad.

En resumen, la evidencia que se muestra en este modelo también va en el sentido que sugiere la hipótesis 2, en donde se señala que, ante un control social del delito escaso y reflejado en la trayectoria de vida de los individuos, se incrementa la probabilidad de participar en actividades de tráfico de drogas, tal como lo indican las asociaciones presentadas en este trabajo.

Conclusiones

La participación en actividades de narcotráfico es un fenómeno que forma parte de la vida social mexicana y sus repercusiones impactan la vida de los individuos cada vez más. En el caso de Sonora, entre los múltiples problemas que sufre por ser una entidad fronteriza, se encuentra este tipo de fenómeno que, por décadas, se ha convertido en un tema vigente que continúa formando parte de los retos de las entidades del noroeste de México y, de igual manera, esos retos se extienden a todos los estados del país.

Con el fenómeno del tráfico de drogas, el Estado de derecho flaquea y las capacidades estatales se ponen a prueba debido a la expansión de las actividades que forman parte de este flagelo. Ante ese panorama y considerando que falta mucho por analizar y explorar acerca de los motivos de los individuos para llevar a cabo actividades de tráfico drogas, pese a las sanciones que señalan los Códigos Penales, este estudio presentó evidencia sobre cuáles son algunas de las variables que influyen sobre dichos motivos.

Se construyeron dos hipótesis de trabajo a partir de dos tipos de argumentos teóricos inscritos dentro de la teoría social. La primera presenta la relación entre el deterioro social y la participación en actividades de narcotráfico, la segunda se refiere a la asociación entre el control social del delito escaso y reflejado en la trayectoria de vida del individuo por medio de la participación en actividades de tráfico de drogas.

Los hallazgos surgieron de una nueva base de datos construida a partir del análisis de 371 expedientes de presos en el Centro de Readaptación Social 1, situado en Hermosillo, Sonora. La evidencia que se muestra en el análisis estadístico, pese a que solamente se refiere a factores contextuales, señala que residir en Sonora aumenta la probabilidad de participar en actividades de narcotráfico; de igual forma, los individuos que tienen entre 20 y 30 años constituyen un rango etario de alto riesgo.

Sumado a lo anterior, los antecedentes penales son un factor estrechamente asociado con la participación en actividades ligadas al tráfico de drogas. Además, los datos presentados en este análisis permiten concluir que las probabilidades de que un individuo participe en dichas actividades aumentan cuando proviene de un núcleo familiar desintegrado y con elementos de violencia intrafamiliar.

Por último, el trabajo presentó evidencia que señala que la idea de control social del delito se desvanece cuando un individuo tiene una trayectoria de vida con antecedentes penales y de consumo de droga –es decir, se encuentra alejado de normas sociales convencionales–, facilitando la trasgresión de las normas al participar en actividades de tráfico de drogas. Incluso, como se advierte al inicio de este apartado, los hallazgos muestran que la residencia en Sonora forma parte de un contexto facilitador para llevar a cabo dichas actividades y, con ello, pueden discutirse algunas de las posiciones del discurso de gobierno, el cual ha señalado a Sonora como una entidad segura y con oportunidades legales en los últimos años.

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Notas

11 La Ley General de Salud para los Estados Unidos Mexicanos(2007) señala cuáles sustancias estupefacientes (capítulo V, artículo 234) y psicotrópicas (capítulo VI, artículo 245)son consideradas ilegales, se empleará el mismo criterio en este trabajo.

12 The General Health Law for the United Mexican States (2007) states which narcotics (Chapter V, Article 234) and psychotropics (Chapter VI, Article 245) are considered illegal. The same criterion will be adopted in this study. 

13 Entidad federativa del noroeste de México (coordenadas 29°38′46″N 110°52′08″O) con la segunda mayor extensión territorial del país (9.2% del territorio), conformada por 72 municipalidades  y una población superior a 2 850 000 habitantes. Colindante con Chihuahua (este), Baja California y Mar de Cortés (oeste), Sinaloa (sur) y con Arizona y Nuevo México (norte) y caracterizada por un clima mayormente desértico y caluroso en extremo.

14 State in northwestern Mexico (coordinates 29°38′46″N 110°52′08″W) with the second largest land area in the country (9.2% of the total area). It comprises 72 municipalities and has a population of over 2,850,000. It borders Chihuahua (to the east), Baja California and the Sea of Cortés (to the west), Sinaloa (to the south), and Arizona and New Mexico (to the north), and is characterized by an extremely hot and mostly desert climate.

15 General Plutarco Elías Calles, Sáric, Arizpe, Onavas, Naco y Caborca.

16 General Plutarco Elías Calles, Sáric, Arizpe, Onavas, Naco, and Caborca.



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Introduction

Drug trafficking activities have experienced significant growth, affecting the rule of law in Latin America as a result of their profound impact on society ( Centro de Investigación para el Desarrollo A. C., 2009, p. 6 ; Latin American School of Social Sciences [FLACSO], 2007, p. 11 ; Organization of American States, 2008, p. 12 ). In Mexico, drug trafficking is understood to mean “any activity aimed at commercializing drugs considered illegal by the General Health Law in Mexico” ( Pérez, 2012, p. 3 )3 . This definition also considers drug trafficking to be a process that begins with the growing or procurement of precursors, continues with the processing and manufacturing of the final product, and concludes with its sale and distribution. The concept also acknowledges that trafficking is usually performed by various groups that specialize in certain stages of the sales chain ( Pérez, 2012 ).

Figures provided by Ríos and Sabet show that, by 2008, drug trafficking had become the fifth largest source of employment in the industrial sector in Mexico, with around 468,000 people engaged in drug trafficking in some way – most in planting, cultivation, production, and protection ( Ríos & Sabet, 2008, p. 10, 17 ).

On the other hand, statistics from the National Public Security System also show a systematic increase in drug trafficking-related crime in Mexico; there were between 20,000 and 30,000 crimes recorded from 2000 to 2006, but in 2007 this figure shot up to over 80,000 ( Federal Government, 2011 ). A study by Resa (2014) based on criminal justice data in Mexico reported that the number of people convicted for drug trafficking-related crimes doubled in ten years, as there were 10,000 convicts in 2003, and by 2012 they numbered over 20,000.

Sonora4  is a case in point within this context of escalating drug trafficking activity, as in the space of ten years it has come to rank third in drug trafficking-related crimes, with the second highest rate of convicts ( Resa, 2014, p. 37 ). For example, the municipality of Benjamín Hill in Sonora, located 162 kilometers south of the U.S. border, exhibits the highest proportion of residents convicted for drug trafficking-related crimes (12.34 per 1,000 citizens). In addition, a further six of the ten municipalities with the highest rate of convicts in Mexico for such crimes are in Sonora5 ( National Institute of Statistics and Geography [INEGI], 2014 ). This worsened in 2013 and 2014, when Sonora had the second highest level of drug trafficking-related crime of all states in the country ( Office of the Attorney General of the Republic [PGR], 2015 ).

In light of the above, this study draws from an argument from social theory that suggests there are various factors from one’s social context that influence the decision to break the law ( Durkheim, 1982 ; Merton, 1938 ). The key objective is to test some of those contextual factors associated, in theory, with law-breaking through participation in drug trafficking activities in Sonora.

It is acknowledged that engaging in unlawful activity is multifactorial and cannot be explained solely by contextual factors. However, this theoretical perspective – which analyzes the effect of context on human actions – was chosen as a first step in contributing to the study of the drug trafficking phenomenon. Evidence on the kind of contextual factors that influence the decision to engage in drug trafficking is presented to support this argument, based on a new database constructed by reviewing and analyzing the prison records of 371 inmates serving sentences at the Social Reinsertion Center 1 (Cereso 1) in the city of Hermosillo, in Sonora.

This study is divided into six parts: the first presents theoretical approaches regarding the impact of social conditions on law-breaking behavior; the second reviews previous literature on the topic; the third develops the hypotheses that draw on these theoretical arguments; the fourth describes the sample, variables, and data; the fifth presents and discusses the findings; and the sixth presents the main conclusions.

The influence of context on law-breaking behavior

Rule-breaking behavior influenced by social structure is associated with the drug trafficking phenomenon. Angenent and De Man (1996, p. 2) report that law-breaking is seen, first and foremost, as an expression of deviant behavior, understood as any action performed by an individual that departs from conventional norms or standards and is considered undesirable and unacceptable by the society in which the individual acts. Vasallo Barrueta (2001, p. 3) stresses that the spectrum of deviant behavior is broad and includes criminal behavior, in which individuals display an attitude that violates the legal limits dictated by society. The author notes that the scope of deviant behavior encompasses all socially-dictated norms, whereas criminal behavior – like drug trafficking – is an act specifically characterized by the fact that it violates legislation. Social theory has put forward proposals explaining transgressive behavior, particularly violations of law. These theoretical approaches are developed below.

Durkheim’s concept of anomie

Emile Durkheim (1998, p. 8-11) sought to explain the importance of society in norm transgression through the concept of anomie. The author suggests that society is a set of feelings, ideas, beliefs, and values constructed by the community, whose main roles are to integrate the individuals it encompasses and regulate its members’ behavior by establishing norms. In the same way, the author believes that if society fulfills these roles properly, both society and individuals will enjoy a scenario of stability with the necessary elements to achieve full individual and collective development. On the other hand, if the social structure is unable to integrate its members or regulate their actions, it lapses into a situation of anomie. This has very negative implications, such as the emergence of behavior outside of norms ( Durkheim, 1998 ). 

The French sociologist also argues that social integration and regulation are achieved through bonds between members of society who seek to create a “collective consciousness” ( Durkheim, 1982, p. 433 ) based on shared beliefs and practices among members, in which any deviation is seen as a threat to society and any disruption of norms is punished by members of society. Although this punishment acts as a form of control over individuals’ actions, Durkheim asserts that modern society has undergone profound changes in the role played by individuals, science, religion, tradition, and above all, economically. These aspects have become dissociated to the point of compromising the bonds traditionally established to organize and bind members of society. This condition is what Durkheim (1998, p.13) calls anomie, and weakens the forms of control used to subdue individuals; the limits of individual acts become ambiguous, blurring the lines between good and bad, and legal and illegal. In this context of ambiguity, individuals may violate norms as they do not clearly understand the limits for their behavior.

Durkheim (1982) believes that the weakening of the controls imposed by society is the crucial element that enables norm transgression. However, this disinhibition is not only the result of the individual becoming aware of this weakening of norms; rather, the transgression is also explained by a feeling of frustration and unease with respect to one’s own social conditions. It is on this basis that the social disadvantages experienced by certain members of the community constitute a line of research that was later revisited by some of Durkheim’s readers.

Social anomie and its effect on engaging in crime

Robert K. Merton (1995, p. 138) expands on the concept of anomie proposed by Durkheim and transposes it into the domain of law-breaking. For him, modern culture has produced a disruption of social norms, in which there exists a prevailing mismatch between the objectives that society considers acceptable and the legitimate means to access these objectives. He believes that socioeconomic variables play a fundamental role, as when they are compromised, individuals tend to direct their action toward less accepted lifestyles, such as crime. Furthermore, the author states that society has two major sociocultural elements associated with life goals: on the one hand, aspirational elements “that are worth striving for”; and, on the other, permissible and socially acceptable ways to achieve these goals ( Merton, 1938, p. 673 ).

Merton (1938, p. 674) cautions that all social agents employ socially permissible methods during the process toward achieving social mobility, such as employment, fair competition, education, and support from family and institutions, yet it is these very social structures that exert pressure on people to avoid conformism as they pursue socioeconomic progress. As a result, those in such conditions are more likely to exhibit deviant behavior to achieve their ends.

Deviant behavior is the product of a clash between socioculturally imposed aspirations and the means to achieve them. This disjunction means that, in some segments of society, value is placed on the desired results and not on the means by which success is achieved ( Merton, 1995, p. 216 ). This pursuit of success, irrespective of the legality of the means used to achieve it, creates the conditions for unlawful processes to become ways to obtain resources, and so deviant behavior becomes a substitute for legitimate means to fulfill goals.

In the face of social pressure to be successful, Merton (1995) believes that, in addition to the various obstacles individuals encounter, deviant manifestations that tend to violate law are the product of a social marginalization process in which public and social institutions have abandoned the most vulnerable groups. This is consistent with transgressors’ inability to achieve the goals required by society and social institutions. This set of circumstances of marginalization and adversity is indicative of a situation of social anomie in which crime represents a path to the success that society requires and individuals are unable to achieve legitimately. In this sense, engaging in drug trafficking can be understood as the result of an inability to obtain the resources required by one’s social context. This difficulty is associated with a deterioration of the subject’s social conditions and, consequently, drug trafficking constitutes a means to overcome these dire circumstances. Factors such as a lack of access to a high level of education, the lack of sufficiently well-paid employment, problems with family relationships, and housing instability are part of this context and represent incentives to consider acts like crime as a means to overcome social anomie.

The social control theory of crime

Travis Hirschi’s theory is a position that makes it possible to explain crime and the role of society in transgressive behavior. Hirschi (2003, p. 11) agrees with Durkheim and Merton’s reasoning by virtue of the fact that, in the manifestation of criminal activity, there is a rupture between the perpetrator and the society in which he or she acts. Hirschi’s proposal echoes Merton’s concept of anomie in that a violation of social norms implies a course of action that runs contrary to the wishes and expectations of society with respect to its members. If individuals believe they are excluded from these social expectations, they will not submit to social norms either, which drives them to deviate from these norms.

Hirschi explains how certain social elements that inhibit law-breaking act, but not the factors that contribute to law-breaking. Any member of society may have the freedom or feel the temptation to commit crime, and the author goes as far as to consider law-breaking normal and characteristic of all cultures and societies. However, just as there is the freedom to violate the law, attempts are also made to impose social elements to prevent individuals from reoffending. In this sense, Hirschi reverses the perspective in his approach to law-breaking, as he centers his analysis on the elements that inhibit crime rather than driving factors.

According to Hirschi, the social elements responsible for inhibiting criminal behavior include social relations; strong bonds between individuals promote greater conformity with the elements provided by the social system and the likelihood of committing crime is reduced. Moreover, due to the opportunity structure, it is the most advantaged members of society who will be able to satisfy their needs through legitimate means. As for involvement, Hirschi believes that heavy involvement in legal activities inhibits people from violating norms. Lastly, belief in social norms plays a fundamental role in inhibiting delinquency, as individuals who abide by and foster respect for the moral value systems of the social structure will be less likely to resort to criminal acts as a course of action. By defining the social elements that control delinquency, Hirschi suggests that one’s detachment from conventional structures translates into inconformity with the social system and the development of a feeling of frustration. In that state, it becomes difficult to inhibit criminal behavior. 

In sum, while Durkheim and Merton believe law-breaking is the result of the social structure’s inability to provide individuals with the right conditions to satisfy their needs, Hirschi’s social control theory of crime suggests that so long as individuals remain distanced from conventional structures and modes of action, it is difficult to inhibit delinquent behavior and it is possible that they will break the law. The author’s notion of social control of crime contributes the idea that when one’s interactions remain distanced from social structures like family, work or education, transgression is more likely given that the function of these institutions is to control individual behavior. In this sense, the key questions in this study are “Which factors of social deterioration are associated with engaging in drug trafficking activities?” and “Which aspects of an individual’s life trajectory are associated with engaging in drug trafficking activities?”. 

Previous studies on participation in drug trafficking

Work on transgressive behavior reveals a significant relationship between contextual aspects and criminal behavior, which includes drug-related crimes. Valenzuela and Larroulet (2010) address the phenomenon from a psychological perspective and highlight the strong association between using drugs and committing crime. Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa, and Valencia (2009) explore the subject’s family and economic conditions and identify certain living conditions in adolescents charged with committing drug-related crime and theft. Their work found that most subjects in their study sample lived with both parents and one in three young people had work experience, leading the authors to discuss the hypothesis of family and economic deterioration as a precursor to crime. Reyes Santos (2012) , on the other hand, concludes that a lack of interest in education results in young people distancing themselves from the classroom at an ever earlier age, increasing the likelihood of trading education for criminal activity.

The socioeconomic context has been deemed a crucial factor in young people’s entry into crime. In this sense, Coubès and Silva (2012) highlight a deterioration in working conditions, and Boville Luca de Tena (2000) develops the idea that drug trafficking is linked to conditions of extreme poverty; as a result, such activities become a worthwhile option to meet communities’ economic needs.

In addition, the family nucleus is another key factor in an individual’s decision to choose crime as a course of action. In this respect, López Estrada (2012) confirms the hypothesis that abnormal relationships, involving estrangement or abandonment between parents and children, increase exposure to violent behavior and play a part in young people’s decision to respond with criminal acts. Regarding the conjectures on the effect of the residential environment on these actions, studies such as López Estrada (2012) and González Ramírez (2012) suggest that the high demand for space and public services sets the stage for social discontent, which is expressed through conflict and violence between inhabitants. Furthermore, there are spaces where legal activities are precursors to illegal ones (casinos, bars, dance halls, prostitution, etc.) – in other words, there are residential areas that encourage activities associated with crime.

Previous research has also made efforts to isolate and study the effect of various mediarelated elements on the likelihood of considering drug trafficking as a lifestyle choice. On the one hand, the evolution of drug trafficking is studied as a sociocultural phenomenon, in which traffickers are acknowledged and accepted as an objective entity, well disseminated in society and considered a formal occupation in some sectors ( Ovalle, 2010, p. 93 ). Similarly, Campbell (2007, p. 51) explains that the spread of the drug economy, the cultural exchange on the U.S.- Mexico border, and the stigma attached to traffickers of illegal substances, this figure has gradually become part of everyday life. The presence of drug trafficking has reflected itself in people’s lifestyles, clothes, jewelry, luxury cars, and even home design. The author notes that this phenomenon is linked to the perceptions of those who live in poverty, for whom drug trafficking is a way to overcome deficiencies.

Arredondo (2012) studies the background of people involved in these activities and stresses that context limitations may influence individuals’ aspirations. Santamaría (2012, p.7) , on the other hand, considers gender differences and reports that women are motivated to engage in drug trafficking not just out of a longing for power, but as a result of their critical social condition as single mothers working in the service sector. The author adds that these women were born within a network of family members or friends involved in drug trafficking and see in it an escape route from their diminished social condition.

Hypothesis

In order to develop the hypotheses on contextual factors and participation in drug trafficking, this study took into account the argumentative perspectives described in the first section, revisiting the idea that a deterioration in social conditions and weakening of forms of crime control cause individuals to break the rules by which they were originally bound – anomie – and turn to lifestyles that violate these norms and involve drug trafficking activities.

Two hypotheses are put forward:

H1:

When social deterioration is clearly shown by a context in which individuals are unable to find the conditions to integrate and bond socially within the social structure, the likelihood of engaging in drug trafficking activities is increased.

H2:

When there is little social control of crime, reflected in individual lifestyles that depart from social norms and are part of a context that facilitates delinquency, the likelihood of engaging in drug trafficking activities is increased. 

Methodology, sample, and variables

The information is taken from 371 inmate records from Cereso 1 in Hermosillo, Sonora, with which a new database was constructed. The dependent variable for all models was participation in drug trafficking. However, subsamples were used in the models, which test the first hypothesis based on four selection variables that contextualize worsening social situations: state of poverty, educational lag, living in an urban area, and criminality in the place of residence. Sample sizes are included in each model.

Backward logistic models were used in the SPSS 18 statistical package to test the relationship between the independent variables and participation in drug trafficking. This method uses progressive elimination; variables are excluded sequentially and the starting point is a saturated model with all variables believed to contribute to explaining the dependent variable, with the least significant predictor variables progressively eliminated to seek a better fit ( Jovell, 1995, p. 65 ). Table 1 summarizes the characteristics of the total sample.

Table 1.

Characteristics of the total sample (N=371) 

Descriptor Percentage of the population studied
Sex Male: 89.9; female: 10.1
Age Between 20 and 35 years old: 50.6
Type of drug-related crime Simple possession: 28.8; transportation: 21.6; small-scale drug dealing: 19.1; possession with intent to sell: 17.5; sale: 1.1; aiding and abetting: 1.1; supplying: 0.8; production/preparation: 0.8
Substance involved in the crime Methamphetamine: 43.1; marijuana: 42.3; heroin: 4.9; cocaine: 2.7; medications/psychotropics: 4; not applicable: 2.2; no data: 0.5
Length of sentence 1 year or less: 40.2; 1 to 3 years: 5.1; 3 to 5 years: 17.3; 5 to 7 years: 3.5; 8 to 10 years: 32.6; 10 years or more: 1.3
Birth Sonora: 71.7; other states: 28.3
Residence Sonora: 81.7; other states: 18.3
Level of education Unschooled: 3; did not complete elementary school: 9.2; completed elementary school: 15.9; did not compete middle school: 12.9; completed middle school: 39.9; did not complete high school: 8.4; completed high school: 7.5; higher education: 3.2
Occupation Construction: 29.4; day laborer: 22.4; truck driver: 7.3; mechanic: 7; unemployed: 7; trading: 6.5; general employee: 5.7; farming: 3.2; industrial operator: 3; homemaker: 2.4; service sector: 2.2; domestic labor: 1.6; peddling: 0.5; public servant: 0.5; technician: 0.5; education worker: 0.3; professional worker: 0.3
Monthly salary 5,000 pesos or less: 20.8; from 5,001 to 10,000 pesos: 8.1;  from 10,001 to 15,000 pesos: 2.7; 15,001 pesos or more: 1.3; no fixed salary: 28; no data: 29.4
Type of area Urban: 76.5; semi-urban: 7.5; rural: 15.6; no data: 0.3
Crime in the area Yes: 33.2; no: 46.6; no data: 20.2
Functional family Yes: 96.3; no: 3.7
Whole family Yes: 50.9; no: 49.1
History of drug use Yes: 64.7; no: 29.1; no data: 6.2
Criminal record Yes: 56.9; no: 43.1

Tables 2 and 3 show the set of variables used in the study. A definition is provided for each variable based on specific sources, including the Federal Criminal Code, government offices associated with the prison system and various academic studies. 

Table 2.

Definition of the dependent variable used in the study

Participation in drug trafficking activities Any person who produces, transports, traffics, trades, supplies whether for payment or otherwise, or prescribes any illegal drug without the corresponding authorization stipulated in the General Health Law. Any person who introduces into or takes out of the country any narcotic included in the General Health Law, even momentarily or when such narcotics are in transit, and any person who provides financial or any other resources for or in any waycollaborates in the funding, oversight or aiding and abetting in the commission of any of the aforementioned drug-related crimes.

Table 3.

Definition of the independent variables used in the study

Residence in Sonora1 Persons who, upon entry into trafficking activities, had been living in the state for 12 months or more.
Dysfunctional family1 Cases with families of origin in which the roles of parents and children are not well-defined, the hierarchical organization is unclear, there is no authoritative behavior from parents, the boundaries of behavior are blurred and are not respected or upheld,communication is unclear and indirect,and there is no flexibility in behavior managementand no engagement to solve internal conflicts.
Broken family1 Cases with families of origin in which one member is permanently absent, whether through death, desertion, or absolute estrangement from the family nucleus.
Intrafamily violence1 Cases with families of origin in which there were records of physical violence, verbal violence (shouting, insults, humiliation), or neglect (omissions, carelessness, abandonment).
Secondary family Cases in which the person has started his or her own family.
Urban area2 Physical space including a built environment (housing, factories, warehouses, and other buildings), utility infrastructure (drainage system, water pipes, power lines), and a population over 2,500.
Crime in the area of residence1 Cases in which there weregangs, brothels, bars, or the perceived sale of arms or drugs in the subject’s neighborhood, district or town.
Educational lag3 Poor academic performance by persons who have not achieved a level of education considered basic, meaning middle school level in Mexico
Informal employment4 Includes the self-employed, workers in informal companies, occasional workers with no steady employment, paid domestic workers, part-time workers, unregistered workers and employers in informal companies.
State of extreme poverty5 Individuals from a household with a monthly income equal to or less than 3,355 pesos.
Criminal record1 Persons with a record of prosecution, against whom a judgment had been entered, or who had been imprisoned for any crime prior to their detention for drug-related crime.
History of drug use Cases in which there is a history of use of any illegal drug.
Risk age6 Persons aged between 20 and 30 years when detained for drug-related crime.

Factors associated with participating in drug-trafficking activities

This results section presents the multivariate analysis for each hypothesis. Table 4 shows the models and variables for the first hypothesis, which addresses the relationship between social deterioration and participation in drug-trafficking activities. All independent variables proposed in the study were noted in each model, but only those associated with drug trafficking, using the backward method, are given

Table 4.

 H1, social deterioration and participation in drug trafficking

Dependiente:TrafDrog (participación en tráfico de drogas)
1= Participation
0= No participation
  Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4
(CondPobr) (RezagoEdu) (ZonUrb) (CrimZona)
Independent variables B (ExpB) B (ExpB) B (ExpB) B (ExpB)
Constant -1.15 (0.314)** -1.12 (0.324)** -1.24(0.287)** -0.785 (0.456)*
         
ResSon(residence in Sonora) N/A 1.07 (2.94)* 1.91 (6.78)** 2.01 (7.47)*
FamNoFun(dysfunctional family) N/A N/A N/A N/A
FamDesi(broken family) 0.947 (2.57)* N/A N/A N/A
ViolFam (intrafamily violence) 2.42 (11.28)** N/A N/A N/A
FamSec (secondary family) N/A 0.993 (2.69)** N/A N/A
ZonUrb (living in an urban area) N/A N/A N/A N/A
CrimZona(crime in the area) N/A N/A N/A N/A
RezagoEdu (educational lag) N/A N/A N/A N/A
InfEmpleo (informal employment) N/A N/A N/A N/A
CondPobr (state of poverty) N/A N/A 1.08 (2.95)** 1.58 (4.88)*
AntePenal (criminal record) N/A N/A 1.66 (5.27)** N/A
ConsuDrog (drug use) 2.58 (13.22)** 1.34 (3.83)** 1.63 (5.14)** 2.22 (9.22)*
EdadRiesgo(21 to 30 years old) N/A N/A N/A N/A
N 74 184 124 48
R2 Cox/Snell 0.219 0.178 0.33 0.254
R2 Nagelkerke 0.368 0.238 0.44 0.339

* Significant at 0.05.

** Significant at 0.01.

Model 1 illustrates the effect of the dependent variables on participation in drug trafficking activities, with living in a state of poverty used as a selection variable on the basis that it is considered an aspect of social deterioration. The findings show a close relationship in three of the independent variables tested. The first indicates that family disintegration is associated with participating in drug-trafficking activities in conditions of poverty. The elucidation of this relationship suggests that the numerous transformations and conflicts within the family structure have a significant effect on law-breaking activity; family disintegration brings about reshuffles within the nucleus that often entail conditions that play a part in opting for a lifestyle of crime ( López Estrada, 2012 ). 

The second variable that exhibits a strong association with drug trafficking activities in a context of poverty is intrafamily violence. This association can be discussed intensively as the mechanism explaining this relationship is unclear, but literature has found that intrafamily violence damages personality in a range of different ways, particularly in the case of “child abuse”, as reported by Gidden and Sutton (2013) : “studies on prostitutes, young offenders, runaway adolescents, and drug addicts show that a high percentage have a history of childhood abuse” (p. 217). López Estrada (2012) suggests that family nuclei composed of non-family members increase the likelihood of friction in relationships between members. In conditions of economic pressure caused by the poverty experienced by this segment of the sample, this situation escalates interpersonal tensions, which give rise to episodes of intrafamily violence.

A close relationship was also discovered between drug use and participation in drug trafficking-related activities in conditions of poverty. Indeed, this variable is positive and significant in each of the four models used to test the hypothesis in question. According to the National Institute on Drug Abuse ( NIDA; 2008, p.1 ), frequent drug use or addiction directly affects the brain and behavior. Grossman and Murphy (1991) suggest that drug use creates a need in an individual for the substance, and financial pressure to obtain it. This drives users to engage in drug trafficking-related activity, viewing it as a means to continue supplying themselves with and using drugs.

In model 2, the selection variable used is educational lag as a state of social deterioration. In these conditions, there were three independent variables strongly associated with participation in drug trafficking activities. The first is residence in Sonora, which becomes a key factor in our study as living in the state and poor academic performance are closely tied to engaging in drug trafficking activities. This finding runs counter to certain pronouncements by the government of Sonora, particularly during the 2009-2015 term, when it labeled Sonora “the safest border state in Mexico” ( SDP noticias, 2013 ; Uniradio informa, 2011 ; Uno TV, 2014 ). Furthermore, educational lag is a public issue that is rarely discussed in the state.

The result of this model is consistent with findings by Resa (2014) , which show that the state is one of the fastest growing settings for drug trafficking activity in the country, as one of the top three states with the most crimes in the last 15 years. Furthermore, six of the state’s municipalities are among the top ten nationally in terms of density of convicts of drug trafficking-related crime. The association between the residence in Sonora variable and participation in drug trafficking activities is also explained by its enabling context as part of Mexico’s northern border area, which entails complex migration flows ( González, 2012, p. 112 ), a struggle for employment opportunities ( Coubès & Silva, 2012, p. 294 ), a demand for housing, clashing urban designs ( Zavala Mora, 2012, p. 81 ), and a wider dissemination of cultural components associated with drug trafficking ( Astorga, 1995, p. 37 ; Campbell, 2007, p. 48 ; Sánchez, 2009, p. 79 ). 

On the other hand, model 2 also shows the relationship between the secondary family variable and participation in drug trafficking activities in a context of educational lag. Although there is controversy surrounding the mechanism explaining this relationship, González (2012) notes that a role as a provider increases an individual’s vulnerability, leading to a rush to secure resources. These circumstances, combined with a lack of the education required to find a better paid job, come together in a setting where it is ever harder to obtain basic resources, and illegal activity presents itself as a way to provide for a family.

Model 3, which takes living in an urban area as a selection variable, shows a significant positive relationship in four independent variables. Residence in Sonora and drug use have been discussed in the previous models and, yet again, an association was found between them in this model. The other two independent variables that exhibit a significant positive relationship with participation in drug trafficking activities, when subjects live in a rural area, are having a criminal record and living in a state of poverty. In this sense, this finding shows that there is a segment of individuals engaged in drug trafficking activities who live in urban areas, but in dire circumstances with life trajectories marked by admission to a correctional center.

In this case, the explanation of an association between participation in drug trafficking activities and having a criminal record when subjects live in an urban area is supported by Foucault (1992) , who refutes the hypothesis that prison has been linked to a project to transform individuals: “It is customary to believe that prison was a kind of warehouse for criminals, the disadvantages of which would have manifested themselves, with its use, in such a way that one would say it was necessary to reform prisons and turn them into a tool to transform individuals. This is untrue […] failure has been immediate” ( Foucault, 1992, pp. 97-98 ). 

Other studies that address the Mexican prison system ( Azaola & Bergman, 2003, p. 20 ; Bringas & Roldán, 1998, p. 17 ; Mexico Evalúa, 2013, p. 49 ) highlight the social deterioration to which ex-convicts are exposed upon release and which jeopardizes their life trajectory. The first challenge for people reintegrating into society is to reestablish the meaningful social relationships they had before prison, in which they must overcome the economic detriment incurred by their incarceration. It is also acknowledged that the moral stigma associated with a criminal record makes employment reintegration difficult, worsening the subject’s social deterioration. These conditions influence the search for emergency measures to obtain resources, and drug trafficking emerges as a way forward in most cases.

On the other hand, far from enabling access to better living conditions – as occurs in rural communities – living in an urban area may actually be an incentive for crime. An urban context entails a deterioration that increases the likelihood of engaging in drug trafficking activities. Zavala Mora (2012) and Moreno (2017) report a high prevalence of crime-inducing social conflicts in urban communities due to a high demand for resources and services and contrasts in urban design, fostering marginalization and scant monitoring by authorities.

The relationship between the variable state of poverty and participation in drug trafficking activities occurs when there is a deterioration in economic conditions and little ability to meet basic needs. In these circumstances, drug trafficking activities represent a way to address individuals’ economic deprivation ( Boville Luca de Tena, 2000, p. 110 ; Campbell, 2007, p. 51 ). Boville Luca de Tena (2000, p. 133) reports that drug trafficking becomes a viable option because it is steeped in an economic system in which legal resources circulate alongside illegal ones, which can be used to perform legal activities that will later prove to be cases of moneylaundering.

Lastly, model 4 takes living in a high-crime area as a selection variable, and also draws on a context of social deterioration. A significant positive relationship was found between participation in drug trafficking activities and the variables residence in Sonora, living in a state of poverty, and drug use; these are the same variables that exhibited strong and significant associations in the previous models. Although the mechanism that shapes this relationship is complex, Arteaga and Fuentes (2009, p. 175) explain that the creation of enclaves that make crime more likely is the result of a series of actions taken by the Mexican state to protect the population. According to the authors, these actions have more to do with a crisis in law enforcement as a social right and a breakdown in the ability to provide certainty in controlling crime. As part of this process, in significant portions of urban areas the state has surrendered its monitoring duties to the private security industry, and at the same time has become less able to access more maginalized areas, worsening the conflict and giving rise to differing levels of criminal behavior in different parts of cities. 

Table 5 shows the results of the model estimated to verify the second hypothesis in this study, which suggests that poor social control of crime is reflected in individual life trajectories and this influences participation in drug trafficking activities.

Table 5.

H2: Poor social control of crime (life trajectory) and participation in drug trafficking

Dependent variable: TrafDrog (participation in drug trafficking)
1= Participation
0= No participation
  Model 5
Independent variables B Exp (B)
Constant -1.39 0.249**
ResSon (residence in Sonora) 1.37 3.95**
AntePenal (criminal record) 1.37 3.96**
ConsuDrog (drug use) 1.03 2.82**
EdadRiesgo (21 to 30 years old) 0.607 1.83*
Number of observations 210  
R2 Cox/Snell 0.275
R2 Nagelkerke 0.368

Source: Own work.

* Significant at0.05.

** Significant at0.01.

The same logistic model was used and the independent variables were tested with the backward method. As no selection variable is considered, the association between dependent variables and participation in drug trafficking activities is estimated.

The first result indicates, yet again, that living in Sonora is part of a context that provides opportunities to engage in drug trafficking. Taking into account the arguments noted in the analysis of the previous model with respect to the residence in Sonora variable, there are other kinds of problems and challenges that become risk factors and which have even been observed by authorities through public policies implemented such as Cruzada por la Seguridad (2009-2015) and the current program Escudo Ciudadano (2015-2021). These policies warn of individuals’ estrangement from social norms, leading to poor social control of crime. 

This ties in with the following two variables, which also exhibit a close association with participation in drug trafficking activities: having a criminal record and drug use. As has been shown, poor social control of crime is associated with individual life trajectories, resulting in poor precedents. In the wake of this association, the involvement dimension proposed by Hirschi makes sense, as having a criminal record and drug use portray an absence of lawful activity such as sport, study or work, and therefore individual actions culminate in unlawful activities that remain on the record of an individual’s life trajectory.

There is literature ( Becker, 1968 ; Cardona, 2004 ) pointing to a strategic process prior to entry into illegal activity, in which the individual weighs up the feasibility of this kind of lifestyle compared to lawful ones; there is also a range of views that consider drug trafficking more profitable than other lawful options ( Ovalle, 2010 ). This ties in with the idea that knowledge of negligence in the administration of justice has been observed in subjects’ life trajectories, which in most cases downplays the consequences of engaging in unlawful activity such as drug trafficking ( Astorga, 2015 ; Barrón Cruz, 2015 ; Valdés, 2013 ).

Lastly, a new variable associated with participation in drug trafficking activities is the risk age. The study proposed an age range of 21 to 30 years, based on the analysis of inmates’ records. This finding is consistent with data provided by Resa (2014, p. 4), who found that 45% (n = 65,007) of all convicts for drug crimes in Mexico between 2003 and 2012 (n = 144,787) were between 18 and 30 years old, so this age range is at risk. Giddens and Sutton (2013), on the other hand, assert that “youth” is made up of people aged between 18 and 30 with fairly independent lives. In that sense, one of the arguments supporting the relationship between a young age and participation in drug trafficking comes from “the commonly-held idea that most juvenile crime is drug-related” ( Gómez Rodríguez, 2013, p. 43 ).

Studies on juvenile delinquency are not simple, and it is necessary to expand on those conducted and contrast their results. In Mexico, the topic is a research agenda in need of new findings, and in this vein, this study shows that there is indeed an increased likelihood of engaging in drug trafficking activities in individuals in this age range.

In sum, the evidence shown in this model also falls in line with hypothesis 2, which suggests that with poor social control of crime, which is reflected in individual life trajectories, the likelihood of engaging in drug trafficking is increased, as indicated by the associations presented in this study.

Conclusions

Participation in drug trafficking activities is part of social life in Mexico and has ever greater repercussions on individual lives. This phenomenon is one of many problems endured by Sonora by virtue of its status as a border state, and over decades has become an ongoing issue that continues to add to the challenges that beset states in northwestern Mexico and spread nationwide.

The scourge of drug trafficking weakens the rule of law, and its growth puts the state’s capacities to test. In this context, and considering that much remains to be analyzed and explored with respect to individuals’ motives in engaging in drug trafficking in spite of the penalties provided by the criminal codes, this study offers evidence on some of the variables that influence these motives.

Two working hypotheses were constructed on the basis of two types of theoretical arguments in social theory. The first presents the relationship between social deterioration and participation in drug trafficking activities, and the second relates to the association between poor social control of crime and its reflection in individual life trajectories through participation in drug trafficking activities.

The findings came from a new database constructed from the analysis of 371 inmate records from the Social Reinsertion Center 1 in Hermosillo, Sonora. Although it only relates to contextual factors, the evidence shown in the statistical analysis indicates that living in Sonora increases the likelihood of engaging in drug trafficking; similarly, individuals aged between 20 and 30 years make up a high-risk age group.

By the same token, having a criminal record is another factor closely associated with participation in drug trafficking-related activities. Furthermore, the data presented in this analysis leads to the conclusion that individuals are more likely to engage in such activities when they come from a broken family nucleus that exhibits elements of intrafamily violence.

Lastly, this study offered evidence that the idea of social control of crime is tempered when individuals have a life trajectory with a criminal record and a history of drug use (in other words, when they are removed from conventional social norms), facilitating the transgression of these norms through participation in drug trafficking activities. As noted at the beginning of this section, the findings show that living in Sonora is part of a context that facilitates engagement in these activities, paving the way for a discussion of the positions found in the discourse of the Mexican government, which in recent years has identified Sonora as a safe state offering legal opportunities to get ahead.

Translator: Joshua Parker.



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