Criminalidad y crecimiento económico regional en México

Criminality and Regional Economic Growth in Mexico

Salvador González Andrade

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Resumen

Con este artículo se tiene el propósito de analizar la posible relación inversa entre el crecimiento económico, medido en términos del producto estatal bruto per cápita real (PEBP) y la tasa de criminalidad medida en la incidencia de los delitos del fuero común, del fuero federal y los de alto impacto, en tasas relativas por cada cien mil habitantes. Se analiza las 32 entidades federativas de México con datos anuales del período 2003-2010. El análisis empírico emplea un modelo de datos de panel de efectos fijos. Se concluye que existe una pequeña relación negativa entre el crecimiento económico y las tasas de criminalidad.

Palabras clave: delitos del fuero común; delitos del fuero federal; producto estatal bruto; datos de panel; entidades federativas


Abstract

This paper analyzes the possible inverse relationship between economic growth as measured by real per capita Gross Domestic Product by State and relative crime levels rates as measured by common, federal and the high impact crimes on relative rates per hundred thousand inhabitants. I analyze the 31 states and the Federal District of Mexico with annual data from 2003-2010. The empirical analysis is based on a panel data econometric model with fixed effects. I conclude that there is a small negative relationship between economic growth of a given entity and the crime rates.

Keywords: local crimes; federal crimes; gross domestic product by state; panel data; states


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Notas

Latinoamérica se halla en una verdadera encrucijada histórica ante el angustiante problema del ascenso de la delincuencia. Corresponde profundizar en la democracia [...] reemplazar los slogans y los efectismos, por datos serios, apuntar a las causas estructurales del problema, y tener en cuenta que se está jugando en definitiva nada menos que la calidad moral básica de nuestras sociedades (Kliksberg, 2002:90).

En relación con la medición y la información de criminalidad, a partir de la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2011 (Envipe) realizada por el Inegi (2011), se estima que en el país hubo 22 714 967 delitos del fuero común (DFC) —incluye diversos tipos de robos, extorsiones, fraudes, amenazas verbales, lesiones y otros (secuestro, secuestro exprés, delitos sexuales, por ejemplo)— ocurridos durante 2010 en hogares y contra personas de 18 años y más integrantes de los hogares. Esos equivalen a una tasa de 30 490 por cada cien mil habitantes (PCCMH). No obstante, la denominada "cifra negra" o el sub-registro fue de 92 por ciento: 20 897 336 delitos que no se denunciaron o no se inició averiguación previa. Ello es así porque 87.7 por ciento de los delitos no se denunciaron ante las autoridades por parte de las víctimas por considerarse una pérdida de tiempo (33.1 %), por la desconfianza en la autoridad (15 %), entre otras razones.

La incidencia del delito puede explicarse a partir de una compleja serie de motivos y causas que lo originan. Un reporte de las Naciones Unidas (PNUD, 2009:46-47) agrupa los principales desajustes sociales asociados con una mayor incidencia del delito en ocho subsistemas: demográficos (jóvenes marginalizados, urbanización desordenada), familiar (familias disfuncionales), laboral (desempleo), económicos (nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, pobreza, desigualdad), político (escasa legitimidad del Estado, conflictos armados), institucional (ineficiencia de la policía y justicia penal), cultural usos sociales (alcohol, droga, porte de armas) y cultural pautas (tolerancia o legitimización social de la violencia o la trampa y poca valoración de víctimas potenciales). Ninguno de los fenómenos mencionados es una condición necesaria ni es una condición suficiente de la criminalidad.

De acuerdo con el Banco Mundial (2011:6-7) tres factores principales se incluyen en la decisión de invertir: 1) las posibles pérdidas causadas por la actividad criminal; 2) el costo del desvío de recursos de actividades productivas (y que mejoran el crecimiento) a la prevención de la violencia; y 3) la pérdida de productividad derivada del miedo causado por la violencia, el aumento del ausentismo u horarios de trabajo limitados a horas del día en que los trabajadores no se preocupen por su seguridad personal. Según las Enterprise Surveys del Banco Mundial, en cinco de los seis países centroamericanos (con excepción de Costa Rica) la violencia aparece entre las cinco limitaciones "principales" o "severas" para la productividad y el crecimiento.

Esa estimación podría elevarse, pues no incluye los costos indirectos no cuantificables o costos intangibles resultado de los crímenes con violencia en la ciudadanía. Esto es especialmente grave, ya que casi la mitad de los robos (46 %), uno los delitos más comunes, se cometen con violencia. Los costos intangibles podrían representar hasta 60 por ciento de los costos de la violencia. Dichos costos son: miedo (44 %), años de vida saludable perdidos o AVISAS (28 %), secuelas (16 %), seguros (7 %), atención médica (5 %) y recuperación (1 %), (Imco, 2007:116).

El proceso seguido por este autor incorpora tres perspectivas: 1) el gasto público empleado en prevenir y combatir la comisión de delitos, incluye la vertiente preventiva, de investigación y persecución de los delitos, de administración de justicia y de reinserción de los delincuentes; 2) el gasto privado, comprendido como el impacto que la inseguridad tiene sobre las personas físicas o morales que son víctimas de un delito, incluidos los delincuentes que son capturados y pierden la oportunidad de tener una vida productiva, y 3) el gasto indirecto, referido como las pérdidas económicas originadas por el temor de la gente a ser víctima de un delito o las que se producen por causa del homicidio de una persona que cumplía un rol productivo (Mendoza, 2011).

En las estimaciones intercensales se usan tasas de crecimiento promedio de la población del conapo, mientras que en el año del censo se usa el valor reportado por éste.

La población nacional aumentó 1.45 por ciento en promedio anual en el período de análisis (conapo, 2006). Las mayores tasas fueron en Baja California Sur (4.6 %), Quintana Roo (3.9 %), Baja California (2.7 %), Querétaro (2.7 %), Colima (2.5 %) y Aguascalientes (2.1%); en dichas entidades reside 7.6 por ciento de la población nacional.

A nivel de entidad, los mayores aumentos en el PEB fueron en Baja california Sur (5.5 %), Tabasco (5.5 %), Querétaro (4.6 %), Zacatecas (4.4 %), Quintana Roo (4.2 %) y Yucatán (4.1%).

Con la creación del Ramo 33, en 1997 e incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1998, se dotó a las entidades federativas y municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos, y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos. Estos recursos son transferencias etiquetadas que sólo pueden emplearse para los fines que señala la Ley de coordinación fiscal (LFC) (CEFP, 2006:9-11; 2008:11).

En la actualidad, el R33 se compone por ocho fondos de aportaciones para: 1) la educación básica y normal (FAEB) ha representado 59.1 % de los recursos totales del fondo en promedio anual en el período de análisis; 2) los servicios de salud (FASSA) 13 %; 3) la infraestructura social (FAIS), estatal y municipal, 10 %; 4) el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 10.2 %; 5) aportaciones múltiples (FAM) 1.6 %; 6) la educación tecnológica y de adultos (FAETA) 1.2 %; 7) la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) 1.6 %, y 8) el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF, creado en 2007, en ese mismo año se colocó por debajo del FAIS, con 5.5 % de la distribución total del ramo) ha ostentado 3.4 por ciento.

Se debe apuntar que desde la creación del R33, el Distrito Federal no ha recibido recursos a través de los fondos FAEB, FAIS y FAETA. Por ello, a través del R33 sólo ha recibido 615.2 ppc en promedio anual en el período 2003-2010, lo que equivale a una cuarta parte del valor nacional.

En 1999 por primera vez se aprobaron recursos dentro del Ramo 33 para el FASP, el cual se integra al presupuesto global del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Algunas de las estadísticas sobre criminalidad se deben tomar con las reservas del caso. Si bien los sistemas de información son responsabilidad, en primer lugar, del gobierno federal pero también lo es de los gobiernos estatales y de los municipales, aunque no siempre tienen los incentivos para generar y transparentar la información debido, no sólo al costo económico, sino principalmente al costo político que genera "porque la sociedad civil o los organismos internacionales pueden fiscalizar las acciones del gobierno, exigir cambios o fijar metas de cumplimiento" (Dammert et al., 2010:102).

A partir de enero de 2008, la fórmula de distribución de los recursos del FASP Ramo 33, ha sido elaborada con siete criterios de asignación: 1) número de habitantes en los estados y el Distrito Federal (35 %); 2) índice delictivo (10 %); 3) índice de ocupación penitenciaria (20 %); 4) avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública (10 %); 5) los proyectos nacionales convenidos en proceso (20 %); 6) aplicación de programas de prevención (4 %), y 7) recursos invertidos por los municipios en programas y/o acciones de seguridad pública (1 %) (SSP, 2008). Antes de 2008 se utilizó sólo los cinco primeros criterios y el segundo se ponderaba con 15 por ciento.

El coneval (2011:67-68) identifica, entre otras, las siguientes limitaciones: 1) El FASP premia a quien no presenta buenos resultados, considerando que la asignación de recursos a una entidad está asociada con índices de criminalidad; 2) En la fórmula de distribución del FASP, se utiliza el número de habitantes de cada entidad federativa y no una medida de densidad poblacional, no es evidente que el nivel de violencia y criminalidad dependa simplemente del número de habitantes en cada entidad, y 3) se incluye un índice delictivo y un índice de ocupación penitenciaria en la fórmula de distribución del FASP, lo que puede generar incentivos negativos sobre los resultados que se definan para las políticas de seguridad de las entidades. Si la cantidad de recursos que reciben las entidades a través del FASP está condicionada a los valores de los indicadores delictivos y penitenciarios, entonces es posible que los estados que reduzcan la incidencia delictiva, o mejoren las condiciones de reclusión, o impulsen programas de sanciones alternativas, vean una reducción de los recursos que reciben del FASP.

Los datos del año 2010 son preliminares (SESNSP, 2011).

Antes indicamos que la "cifra negra" u oculta de la delincuencia en las cifras oficiales, por errores u omisiones, es elevada. Al respecto Aguilar, Navarro y Galindo (2011:21-22) en un estudio sobre el secuestro, realizado para el período 2007-2010, indican que entre las cifras oficiales proporcionadas al instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad (ICESI) por 18 procuradurías (de las 32) y las cifras que publica el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se observan discrepancias que fluctúan entre 70 y 80 por ciento.

Solamente 12 estados registraron 48 692 muertes que representan 80.5 por ciento: chihuahua (12 712), Sinaloa (7 003), Guerrero (5 175), Baja California (4 014), Estado de México (3 215), Nuevo León (3 035), Durango (2 880), Jalisco (2 535), Michoacán (2 408), Tamaulipas (2 291), Sonora (2 066) y Coahuila (1 358).

Este indicador se incorpora a partir de 2001. En los tres primeros años de este análisis únicamente el Distrito Federal reportó datos, fueron 669, 881 y 611 delitos contra la LFCDO en 2003, 2004 y 2005, respectivamente.

Se realizó una prueba del modelo empleando variables ficticias (dummy) para separar la región frontera norte (FN) y el resto del país (NOFN). Los resultados son consistentes con los obtenidos en el modelo base, en ambas variables ficticias los coeficientes estimados, -9.3 y 9.3, no son estadísticamente significativas (t = -0.54 y 0.54, respectivamente), la constante estimada fue de -155.5 y -164.8 respectivamente. La R2 ajustada fue de 0.354 y el D-W de 0.189.

Se realizó una prueba del modelo empleando variables ficticias para separar la región frontera norte (FN) y el resto del país (NOFN). Los resultados son consistentes con los obtenidos en el modelo base, en ambas variables ficticias los coeficientes estimados, -11.8 y 11.8, no son estadísticamente significativas (t = -0.70 y 0.70, respectivamente), la constante estimada fue de -214.8 y -226.7 respectivamente. La R2 ajustada fue de 0.364 y el d-w de 0.166.





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