Criminality and Regional Economic Growth in Mexico
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Article Details
Authors publishing work in this journal agree to the following conditions:
Authors retain copyright and assign first publication rights to the journal Frontera Norte (RFN), with the texts registered under an Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Creative Commons license (CC BY-NC-ND 4.0), which allows third parties to use published material provided they give credit to the authors and acknowledge this journal as the first publisher.
They authorize the reproduction, publication, translation, communication, and transmission of their paper and all accompanying material, publicly and in any form and by any means; its public distribution in as many copies as required; and public communication thereof in any form, including making it available to the public through electronic means or any other technology, and solely for dissemination and scientific, cultural, and non-commercial purposes.
Authors may enter into further independent contractual agreements for the non-exclusive distribution of the version of the paper published in this journal (for instance, to include it in an institutional repository or personal webpage, or publish it in a book), provided it is not for commercial purposes and they clearly state that the work was first published in Frontera Norte (RFN) [and add the corresponding bibliographical record: Author/s (Year). Title of paper. Frontera Norte, volume (number), pp. doi: xxxx].
To that end, authors must submit the form assigning ownership of first publication rights, duly completed and signed. This document is to be uploaded in PDF format as a complementary file on the OJS platform.
This work is released under an Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Creative Commons license (CC BY-NC-ND 4.0)..
References
REFERENCIAS
Acevedo, Carlos, 2008, Los costos económicos de la violencia en Centroamérica, San Salvador, Consejo Nacional de Seguridad, Presidencia de la República de El Salvador.
Aguilar, José Antonio; Verónica Navarro y Paola Lizbeth Galindo, 2011, Delitos de alto impacto en México. En el marco de la reforma penal, evaluación del desempeño del Ministerio Público en el combate contra el secuestro y estudio analítico de cifras oficiales sobre extorsión, México, Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, A. C. (ICESI).
Ayres, Robert L., 1998, Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean, Washington, D. C, Latin American and caribbean Studies, Banco Mundial.
Banco Mundial, 2011, Crimen y violencia en centroamérica: un desafío para el desarrollo, Washington, D. C, Banco Mundial.
Bronkhorst, Bernice Van y Marianne Fay, 2003, Guía didáctica de prevención de la delincuencia y la violencia a nivel comunitario en las ciudades de América Latina, Washington, D. C., Banco Mundial.
Bourguignon, Francois, 1999, "Criminalidad, violencia y desarrollo inequitativo", Colombia, Revista de Planeación y Desarrollo, vol. 30, núm. 3, pp. 15-46.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), 2006, Ramo 33, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios, Serie de cuadernos de Finanzas Públicas 2006, cámara de Diputados, LX Legislatura, Palacio Legislativo de San Lázaro, núm. 9, cefp/036/2006.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), 2008, Décimo Aniversario del Ramo 33, Aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Origen, evolución, normatividad, estadísticas y fórmulas de distribución, cefp/031/2008, Cámara de Diputados, LX Legislatura, Palacio Legislativo de San Lázaro.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 2011, El Ramo 33 en el desarrollo social en México: evaluación de ocho fondos de política pública, México, D. F., Coneval.
Consejo Nacional de Población (CONAPO), 2006, Proyecciones de la población de México 2005-2050, México, Conapo.
Dammert, Lucía et al., 2010, Crimen e inseguridad: indicadores para las Américas, Santiago de Chile, Flacso-Chile/BID.
Detotto, Claudio y Edoardo Otranto, 2010, "Does crime Affect Economic Growth?", Kyklos, International Review for Social Science, Estados Unidos, Blackwell publishing Ltd., vol. 63, núm. 3, pp. 330-345.
Dolan, Paul et al., 2005, "Estimating the Intangible Victim cost of Violent crime", British Journal of criminology, United Kingdom, vol. 45, núm. 6, pp. 958-976.
Heinemann, Alessandra y Dorte Verner, 2006, Crime and Violence in Development: A Literature Review of Latin America and the Caribbean, Washington, D. C., World Bank Policy Research, Working Paper núm. 4041.
Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO), 2007, Situación de la competitividad de México 2006: Punto de inflexión, México, IMCO.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011, "Resultados de la ENVIPE de 2011", Boletín de prensa núm. 373/11, Aguascalientes, Inegi.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2012, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Aguascalientes, Inegi, en <http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/>, consultado en febrero de 2012.
Kliksberg, Bernardo, 2002, "El crecimiento de la criminalidad en América Latina: un tema urgente", Multiciencias, Venezuela, vol. 2, núm. 2, pp. 85-91.
Lucas, Robert E., 1988, "On the Mechanics of Economic Development", Journal of Monetary Economics, núm. 22, pp. 3-42.
Mendoza, Carlos, 2011, El costo de la inseguridad en México seguimiento 2009: Análisis de la ENSI-7, cuadernos del ICESI, México,ICESI, núm. 10.
Mendoza Hernández, Enrique, 2011, "Quinto año de gobierno: 60 mil 420 ejecuciones", Semanario Zeta, edición 1967, 9 al 15 de diciembre de 2011, pp. 14A-19A.
Pan, Mingming; Benjamin Widner y Carl Enomoto, 2012, "Growth and crime in contiguous States of México", Review of Urban and Regional Development Studies, New Mexico, New Mexico State University, vol. XXIV, núm. 1/2, pp. 51-64.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2009, Informe sobre Desarrollo Humano para América Central IDHAC, 2009-2010: Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, Colombia, PNUD.
Romer, Paul M., 1986, "Increasing Returns and Long-Run Growth", The Journal of Political Economy, vol. 94, núm. 5, pp. 1002-1037.
Secretaría de Educación Pública (SEP), 2012, "Indicadores y pronósticos educativos. Reporte de indicadores educativos", Sistema Nacional de Información Educativa (SNIE), en <http://www.snie.sep.gob.mx/Reporte_indicadores_educativos/reporte_indicadores_educativos.xls>, consultado en junio de 2012.
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2011, "Información sobre seguridad, Incidencia delictiva", Estadísticas y herramientas de análisis de información de la incidencia delictiva (Fuero Común y Fuero Federal 1997-actual), México, SESNSP.
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 2008, "Criterios de Asignación para la Distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), aprobados en la XXV Sesión del consejo Nacional de Seguridad Pública", México, D. O. F., 31 de diciembre de 2008.
Solow, Robert M., 1956, "A contribution to the Theory of Economic Growth", The Quarterly Journal of Economics, vol. 70, núm. 1, pp. 65-94.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011, Monitoring the Impact of Economic Crisis on Crime, Viena, Global Pulse/UNODC.
Notas
Latinoamérica se halla en una verdadera encrucijada histórica ante el angustiante problema del ascenso de la delincuencia. Corresponde profundizar en la democracia [...] reemplazar los slogans y los efectismos, por datos serios, apuntar a las causas estructurales del problema, y tener en cuenta que se está jugando en definitiva nada menos que la calidad moral básica de nuestras sociedades (Kliksberg, 2002:90).
En relación con la medición y la información de criminalidad, a partir de la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2011 (Envipe) realizada por el Inegi (2011), se estima que en el país hubo 22 714 967 delitos del fuero común (DFC) —incluye diversos tipos de robos, extorsiones, fraudes, amenazas verbales, lesiones y otros (secuestro, secuestro exprés, delitos sexuales, por ejemplo)— ocurridos durante 2010 en hogares y contra personas de 18 años y más integrantes de los hogares. Esos equivalen a una tasa de 30 490 por cada cien mil habitantes (PCCMH). No obstante, la denominada "cifra negra" o el sub-registro fue de 92 por ciento: 20 897 336 delitos que no se denunciaron o no se inició averiguación previa. Ello es así porque 87.7 por ciento de los delitos no se denunciaron ante las autoridades por parte de las víctimas por considerarse una pérdida de tiempo (33.1 %), por la desconfianza en la autoridad (15 %), entre otras razones.
La incidencia del delito puede explicarse a partir de una compleja serie de motivos y causas que lo originan. Un reporte de las Naciones Unidas (PNUD, 2009:46-47) agrupa los principales desajustes sociales asociados con una mayor incidencia del delito en ocho subsistemas: demográficos (jóvenes marginalizados, urbanización desordenada), familiar (familias disfuncionales), laboral (desempleo), económicos (nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, pobreza, desigualdad), político (escasa legitimidad del Estado, conflictos armados), institucional (ineficiencia de la policía y justicia penal), cultural usos sociales (alcohol, droga, porte de armas) y cultural pautas (tolerancia o legitimización social de la violencia o la trampa y poca valoración de víctimas potenciales). Ninguno de los fenómenos mencionados es una condición necesaria ni es una condición suficiente de la criminalidad.
De acuerdo con el Banco Mundial (2011:6-7) tres factores principales se incluyen en la decisión de invertir: 1) las posibles pérdidas causadas por la actividad criminal; 2) el costo del desvío de recursos de actividades productivas (y que mejoran el crecimiento) a la prevención de la violencia; y 3) la pérdida de productividad derivada del miedo causado por la violencia, el aumento del ausentismo u horarios de trabajo limitados a horas del día en que los trabajadores no se preocupen por su seguridad personal. Según las Enterprise Surveys del Banco Mundial, en cinco de los seis países centroamericanos (con excepción de Costa Rica) la violencia aparece entre las cinco limitaciones "principales" o "severas" para la productividad y el crecimiento.
Esa estimación podría elevarse, pues no incluye los costos indirectos no cuantificables o costos intangibles resultado de los crímenes con violencia en la ciudadanía. Esto es especialmente grave, ya que casi la mitad de los robos (46 %), uno los delitos más comunes, se cometen con violencia. Los costos intangibles podrían representar hasta 60 por ciento de los costos de la violencia. Dichos costos son: miedo (44 %), años de vida saludable perdidos o AVISAS (28 %), secuelas (16 %), seguros (7 %), atención médica (5 %) y recuperación (1 %), (Imco, 2007:116).
El proceso seguido por este autor incorpora tres perspectivas: 1) el gasto público empleado en prevenir y combatir la comisión de delitos, incluye la vertiente preventiva, de investigación y persecución de los delitos, de administración de justicia y de reinserción de los delincuentes; 2) el gasto privado, comprendido como el impacto que la inseguridad tiene sobre las personas físicas o morales que son víctimas de un delito, incluidos los delincuentes que son capturados y pierden la oportunidad de tener una vida productiva, y 3) el gasto indirecto, referido como las pérdidas económicas originadas por el temor de la gente a ser víctima de un delito o las que se producen por causa del homicidio de una persona que cumplía un rol productivo (Mendoza, 2011).
En las estimaciones intercensales se usan tasas de crecimiento promedio de la población del conapo, mientras que en el año del censo se usa el valor reportado por éste.
La población nacional aumentó 1.45 por ciento en promedio anual en el período de análisis (conapo, 2006). Las mayores tasas fueron en Baja California Sur (4.6 %), Quintana Roo (3.9 %), Baja California (2.7 %), Querétaro (2.7 %), Colima (2.5 %) y Aguascalientes (2.1%); en dichas entidades reside 7.6 por ciento de la población nacional.
A nivel de entidad, los mayores aumentos en el PEB fueron en Baja california Sur (5.5 %), Tabasco (5.5 %), Querétaro (4.6 %), Zacatecas (4.4 %), Quintana Roo (4.2 %) y Yucatán (4.1%).
Con la creación del Ramo 33, en 1997 e incorporado al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1998, se dotó a las entidades federativas y municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de recursos, y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos. Estos recursos son transferencias etiquetadas que sólo pueden emplearse para los fines que señala la Ley de coordinación fiscal (LFC) (CEFP, 2006:9-11; 2008:11).
En la actualidad, el R33 se compone por ocho fondos de aportaciones para: 1) la educación básica y normal (FAEB) ha representado 59.1 % de los recursos totales del fondo en promedio anual en el período de análisis; 2) los servicios de salud (FASSA) 13 %; 3) la infraestructura social (FAIS), estatal y municipal, 10 %; 4) el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 10.2 %; 5) aportaciones múltiples (FAM) 1.6 %; 6) la educación tecnológica y de adultos (FAETA) 1.2 %; 7) la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal (FASP) 1.6 %, y 8) el fortalecimiento de las entidades federativas (FAFEF, creado en 2007, en ese mismo año se colocó por debajo del FAIS, con 5.5 % de la distribución total del ramo) ha ostentado 3.4 por ciento.
Se debe apuntar que desde la creación del R33, el Distrito Federal no ha recibido recursos a través de los fondos FAEB, FAIS y FAETA. Por ello, a través del R33 sólo ha recibido 615.2 ppc en promedio anual en el período 2003-2010, lo que equivale a una cuarta parte del valor nacional.
En 1999 por primera vez se aprobaron recursos dentro del Ramo 33 para el FASP, el cual se integra al presupuesto global del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Algunas de las estadísticas sobre criminalidad se deben tomar con las reservas del caso. Si bien los sistemas de información son responsabilidad, en primer lugar, del gobierno federal pero también lo es de los gobiernos estatales y de los municipales, aunque no siempre tienen los incentivos para generar y transparentar la información debido, no sólo al costo económico, sino principalmente al costo político que genera "porque la sociedad civil o los organismos internacionales pueden fiscalizar las acciones del gobierno, exigir cambios o fijar metas de cumplimiento" (Dammert et al., 2010:102).
A partir de enero de 2008, la fórmula de distribución de los recursos del FASP Ramo 33, ha sido elaborada con siete criterios de asignación: 1) número de habitantes en los estados y el Distrito Federal (35 %); 2) índice delictivo (10 %); 3) índice de ocupación penitenciaria (20 %); 4) avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública (10 %); 5) los proyectos nacionales convenidos en proceso (20 %); 6) aplicación de programas de prevención (4 %), y 7) recursos invertidos por los municipios en programas y/o acciones de seguridad pública (1 %) (SSP, 2008). Antes de 2008 se utilizó sólo los cinco primeros criterios y el segundo se ponderaba con 15 por ciento.
El coneval (2011:67-68) identifica, entre otras, las siguientes limitaciones: 1) El FASP premia a quien no presenta buenos resultados, considerando que la asignación de recursos a una entidad está asociada con índices de criminalidad; 2) En la fórmula de distribución del FASP, se utiliza el número de habitantes de cada entidad federativa y no una medida de densidad poblacional, no es evidente que el nivel de violencia y criminalidad dependa simplemente del número de habitantes en cada entidad, y 3) se incluye un índice delictivo y un índice de ocupación penitenciaria en la fórmula de distribución del FASP, lo que puede generar incentivos negativos sobre los resultados que se definan para las políticas de seguridad de las entidades. Si la cantidad de recursos que reciben las entidades a través del FASP está condicionada a los valores de los indicadores delictivos y penitenciarios, entonces es posible que los estados que reduzcan la incidencia delictiva, o mejoren las condiciones de reclusión, o impulsen programas de sanciones alternativas, vean una reducción de los recursos que reciben del FASP.
Los datos del año 2010 son preliminares (SESNSP, 2011).
Antes indicamos que la "cifra negra" u oculta de la delincuencia en las cifras oficiales, por errores u omisiones, es elevada. Al respecto Aguilar, Navarro y Galindo (2011:21-22) en un estudio sobre el secuestro, realizado para el período 2007-2010, indican que entre las cifras oficiales proporcionadas al instituto ciudadano de estudios sobre la inseguridad (ICESI) por 18 procuradurías (de las 32) y las cifras que publica el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se observan discrepancias que fluctúan entre 70 y 80 por ciento.
Solamente 12 estados registraron 48 692 muertes que representan 80.5 por ciento: chihuahua (12 712), Sinaloa (7 003), Guerrero (5 175), Baja California (4 014), Estado de México (3 215), Nuevo León (3 035), Durango (2 880), Jalisco (2 535), Michoacán (2 408), Tamaulipas (2 291), Sonora (2 066) y Coahuila (1 358).
Este indicador se incorpora a partir de 2001. En los tres primeros años de este análisis únicamente el Distrito Federal reportó datos, fueron 669, 881 y 611 delitos contra la LFCDO en 2003, 2004 y 2005, respectivamente.
Se realizó una prueba del modelo empleando variables ficticias (dummy) para separar la región frontera norte (FN) y el resto del país (NOFN). Los resultados son consistentes con los obtenidos en el modelo base, en ambas variables ficticias los coeficientes estimados, -9.3 y 9.3, no son estadísticamente significativas (t = -0.54 y 0.54, respectivamente), la constante estimada fue de -155.5 y -164.8 respectivamente. La R2 ajustada fue de 0.354 y el D-W de 0.189.
Se realizó una prueba del modelo empleando variables ficticias para separar la región frontera norte (FN) y el resto del país (NOFN). Los resultados son consistentes con los obtenidos en el modelo base, en ambas variables ficticias los coeficientes estimados, -11.8 y 11.8, no son estadísticamente significativas (t = -0.70 y 0.70, respectivamente), la constante estimada fue de -214.8 y -226.7 respectivamente. La R2 ajustada fue de 0.364 y el d-w de 0.166.